Marlaska paga el doble a los policías por tramitar la regularización que por reforzar la seguridad ciudadana

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, paga el doble a los policías por tramitar la regularización que por reforzar la seguridad ciudadana. Ahora que necesita agentes para sacar adelante el proceso de regularización masiva ofrece hasta 25 euros por hora. Sin embargo, cuando los policías son requeridos para reforzar la seguridad ciudadana, los dispositivos preventivos o los grandes eventos se les da sólo unos 10 euros brutos.

«La comparación es demoledora y deja al descubierto cuáles son las verdaderas prioridades del Ejecutivo», denuncia el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), criticando «la absoluta falta de planificación que hay en este proceso extraordinario y el agravio que, una vez más, sufren los policías nacionales».

Según explica, durante años se les ha dicho que no había presupuesto suficiente para dignificar las horas extraordinarias destinadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero ahora comprueban que «el problema no era económico, sino de prioridades».

A falta de menos de un mes para la finalización del plazo establecido ya se han registrado cerca de 600.000 solicitudes de regularización. Una cifra que previsiblemente continuará aumentando conforme se acerque la fecha límite. Nos encontramos ante uno de los mayores procesos administrativos de esta naturaleza desarrollados en nuestro país.

La regularización y documentación de una persona constituye un  procedimiento de enorme trascendencia jurídica, administrativa y de  seguridad. Precisamente por ello, las comprobaciones y verificaciones son  «necesarias, obligatorias e ineludibles», subraya la UFP, señalando que «no pueden relajarse, simplificarse ni rebajarse por razones de oportunidad política o por la presión derivada del  elevado volumen de expedientes».

Falta de planificación

Sin embargo, las unidades policiales encargadas de la documentación y  expedición de identificaciones soportan desde hace años una carga de trabajo muy elevada. Y «pretender que estas mismas plantillas absorban ahora un incremento extraordinario de cientos de miles de solicitudes sin refuerzos suficientes es, sencillamente, imposible», destaca este sindicato.

En este sentido, indica que «la disponibilidad de personal para realizar servicios  extraordinarios no es ilimitada ni en la Policía Nacional ni en ningún otro cuerpo policial, sino que los recursos humanos tienen un límite», y recuerda que «los agentes llevan años soportando una creciente presión operativa derivada de la falta de efectivos».

Doble vara de medir

«Pero lo más grave no es únicamente la falta de planificación. Lo verdaderamente sangrante es el mensaje que el Gobierno vuelve a trasladar a los policías pagando el doble por tramitar la regularización que por reforzar la seguridad ciudadana», declara la UFP, criticando que «para este Gobierno, la seguridad pública se paga barata», pero cuando se trata de «sacar adelante una iniciativa política propia, sí aparecen los recursos necesarios para retribuir adecuadamente el trabajo policial».

La UFP hace hincapié en que «los policías merecen respeto, reconocimiento y una remuneración justa, independientemente de cuál sea la tarea que desempeñen». «No puede haber policías de primera para determinados proyectos gubernamentales y policías de segunda cuando se trata de proteger a los ciudadanos», concluye.

Como ya ha informado OKDIARIO, en el Cuerpo hay una «profunda preocupación» por el perfil de los que puedan aprovecharse de esta «caótica» regularización. Por ejemplo, la Policía ha detectado que delincuentes excarcelados de Marruecos y Argelia están intentando colarse.

Con esta regularización se da la vuelta a las que había habido anteriormente en España, que han sido en su inmensa mayoría de trabajo, salvo una humanitaria tras los atentados del 11-M. En las anteriores, Interior lo único que hacía era proporcionar la documentación, ya que la regularización la hacía el Ministerio de Trabajo.

Fuentes policiales ya advertían de que no serían sólo regularizados 500.000 inmigrantes, como aseguraba el Gobierno. Están más de acuerdo con el Informe Funcas, que la cifra en 840.000, a los que hay que sumar el arraigo, que los situaría en unos tres millones.

Las citadas fuentes también denuncian que «estamos poniendo en bandeja de plata el negocio a las mafias», porque con el paso del tiempo, una vez regularizados, se calcula que cada uno de ellos podrá reagrupar al menos a cinco personas, lo que supone un total de tres millones de personas en los próximos cuatro o cinco años. ¿Es capaz España de asumir este número de personas con los servicios sociales que tiene?