La madre de un niño del macrobrote de Baleares denuncia a la responsable de Salud por detención ilegal

La madre de uno de los 268 de los estudiantes que se encuentran aislados en un hotel Covid de Palma de Mallorca debido al macrobrote, abogada de profesión, ha denunciado a la directora general de Salud Pública del Gobierno de Francina Armengol, María Antònia Font, por los delitos de detención ilegal y prevaricación. El motivo de la denuncia es que se llevaron a los niños sin permiso paterno.

En este sentido, señala que se ha aplicado un «criterio arbitrario e injustificado» en el aislamiento de los jóvenes que responde a «un confinamiento político y selectivo». La denunciante ha recalcado que no existe justificación para que se considere contacto estrecho sólo a aquellos «que están de excursión» o de viaje de fin de curso y se ha preguntado si no son también contactos estrechos «el resto de personas, incluidos extranjeros, que han estado en los mismos lugares».

Por su parte, desde el Gobierno de Armengol se aseguró que el traslado de los menores se había producido con el permiso de los progenitores, pero las informaciones surgidas posteriormente desmienten este extremo. Al parecer, los estudiantes fueron aislados antes de que los padres pudieran dar el permiso.

Es más, tal y como informa el periódico Última Hora, la ahora denunciada María Antònia Font se esperó a la madrugada del sábado al domingo para dictar la resolución sanitario administrativa que habilitaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por pandemia como causa de fuerza mayor. Fue ese domingo cuando se instaló en el hotel a 175 menores, de los cuales 33 eran positivos en coronavirus. Cifra que ahora se ha incrementado hasta los 268.

Los delitos

Esta madre ha presentado la denuncia por dos delitos diferentes. El primero es el de detención ilegal que, según reza el artículo 163 del Código Penal, lo comete «el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad» y el artículo señala que quien cometa este delito «será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años».

En el caso de los estudiantes de baleares, la madre del menor habría denunciado que María Antònia Font encerró a los menores sin permiso paterno, por lo que si un juez lo decide, podría incardinarse dentro del delito de detención ilegal, que es la forma jurídica de llamar al secuestro.

El segundo de los delitos que presuntamente habría cometido la directora general de Salud Pública es el de prevaricación. El delito de prevaricación es un delito especial que solo puede ser cometido por una autoridad o por un funcionario público y que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El actor de esta conducta punible será penado con la inhabilitación de su cargo. Este delito está recogido dentro del título XIX del Código Penal en el artículo 404 del Código Penal.

En el caso del segundo de los delitos, la decisión de encerrar a los menores se habría tomado a través de una resolución en la que se decía que los padres habían dado el consentimiento, algo que no es cierto, por lo que la citada resolución «sería arbitraria».

Pero las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO explican que esta denuncia «tiene muy poco recorrido jurídico», pues excluyen que exista dolo, que es la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar porque hay «fuerza mayor». También aseguran que no se cumple el tipo penal porque en todo caso se trata de una privación de libertad episódica y dado el consentimiento de sus legales representantes no existiría tampoco dolo por parte de las autoridades.