Dimite Arturo Canalda tras su imputación en el caso Lezo

El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión de su cargo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo.

La carta de dimisión de Arturo Canalda

El hasta hoy presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo ha asegurado que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública «siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban», pero que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para «no perjudicar» a la institución.

En una escrito registrado a las 9.05 horas dirigido a la presidenta de la Asamblea de Madrid, institución de la que depende la Cámara de Cuentas, Canalda ha señalado que ha tenido conocimiento «a través de los medios de comunicación» que la Audiencia Nacional va a citarle en calidad de investigado por supuestas irregularidades en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II cuando él era gerente de esta empresa pública.

El dimitido presidente de la Cámara de Cuentas ha recordado que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de esta partido.

Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo 35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero de la Cámara la de «haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso», circunstancias que a fecha de hoy no se dan en su caso.

«No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años», apunta.

«Con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública que presido, por medio del presente escrito y con efectos del día de hoy, te comunico mi decisión de dimitir de forma irrevocable como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas», ha pedido Canalda a Paloma Adrados, que le ha rogado que traslade su decisión al a Mesa de la Asamblea agradeciéndole «sinceramente todo su apoyo» a lo largo de esos años.

El Consejo de la Cámara de Cuentas

El Consejo de la Cámara de Cuentas está integrado por siete Consejeros elegidos por la Asamblea de Madrid para un período de seis años, además de un secretario general. El presidente, propuesto por la mayoría absoluta de los consejeros, es nombrado por la Presidencia de la Asamblea de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decretado además la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien también asistió a la mencionada reunión y “asumió el peso de la explicación del proyecto” junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.

El exgerente del Canal compareció el 1 de diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid precisamente en relación con la compra de Inassa. Entonces aseguró que es “una persona honesta, siempre toma las decisiones de forma legal, nunca se ha llevado un duro y no tiene la condición de investigado”.

Tras enfatizar que no creía que terminara imputado en el caso Lezo porque “nunca ha cometido ninguna ilegalidad”, dijo que en el caso de que acabara con la condición de investigado dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas “para no hacer daño al organismo” aunque nadie está obligado a dejar su puesto si no es por sentencia firme.

Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos han reclamado la dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas tras su imputación. Los socialistas también reclamaban al PP que exigiera su dimisión.

El exconsejero regional Pedro Calvo, el presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo y el actual presidente de la Cámara de Cuentas defendieron en sus respectivas comparecencias en la comisión de corrupción de diciembre en la Asamblea de Madrid que “no había nada que ocultar” y la “transparencia” en la adquisición de la filial Inassa en 2001.