La ley franquista de secretos oficiales es la base para ocultar el documento en el que figura Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez se ampara en la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 para esquivar la entrega de un documento a los investigadores que instruyen la causa del caso Koldo. Ese documento sería, precisamente, el que cita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que le podría vincular a la trama.

Este documento permanece oculto en la instrucción por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expurgado este escrito del último informe aportado a la causa del que se extrae una frase en la que se habla sobre el jefe del Ejecutivo. «En una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del Gobierno y el del que fue ministro de Fomento José Luis Ábalos estaban pinchados, a lo que se le dijo que no podíamos hacer nada», dijo el guardia civil imputado en la causa, Rubén Villalba, sobre una petición que le había hecho Koldo. El resto de lo que se revela en este documento no ha sido remitido al juez. 

«Algunas de las solicitudes de Koldo revestían un carácter de alta sensibilidad, como pretender conocer si el teléfono del presidente del Gobierno o del que fuera ministro de Fomento, estuvieran intervenidos», explican los agentes, tras analizar los teléfonos móviles de los investigados en la trama. Lo hacen después de recibir un documento que asegura que Koldo utilizaba sus contactos dentro de la Guardia Civil para obtener informaciones privilegiadas sobre los miembros del Consejo de Ministros. Este texto, sin embargo, ha sido retirado de la causa, ya que los investigadores consideran que deben ampararse en la Ley de Secretos. 

Precisamente, el PP se ha referido este miércoles a este asunto: la secretaria general, Cuca Gamarra, ha dicho en rueda de prensa que «no puede ser el propio Gobierno sea quien esté determinando» qué información llega o no hasta el juez y ha expresado la «inquietud» de su partido al constatar en el informe de la UCO que «hay documentos, pruebas, grabaciones o declaraciones de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que no se están remitiendo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales».

Por eso, Gamarra ha avanzado que el PP va a solicitar de manera formal, como acusación en este procedimiento, que el magistrado «requiera a la UCO la entrega inmediata de toda esa información para que sea el magistrado quien determine si puede acogerse o no a esa Ley de Secretos Oficiales».

Ley de Secretos Oficiales de 1968

La Ley 9/1968 del 5 abril de Secretos Oficiales (firmada por el dictador Franco) establece que «podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado, correspondiendo tal calificación al Consejo de Ministros».

La ley franquista de Secretos Oficiales dice también en su articulado que «las ‘materias clasificadas’ serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran».

El Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994 otorgó, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los Servicios de Información, así como sus fuentes y cuantas informaciones y datos puedan revelarlas. De este modo, los investigadores de la UCO han decidido no aportar al sumario del caso Koldo este documento en el que se menciona a Pedro Sánchez, entre otros asuntos. 

No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez se ampara en esta ley para ocultar datos y protegerse. En noviembre de 2021 la usó para no desvelar datos sobre uno de los últimos viajes de Pedro Sánchez a Nueva York. En una resolución fechada a 19 de octubre y firmada por la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, el Ejecutivo califica dicha información como «información clasificada cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».