La ley del ‘sí es sí’ permite a Sánchez y Montero no rendir cuentas al Congreso hasta dentro de 3 años

La conocida como ley del sólo sí es sí incluye la obligación del Gobierno de rendir cuentas al Congreso sobre su aplicación, que se ha traducido ya en 391 rebajas de condenas a agresores sexuales con 33 excarcelaciones. Sin embargo, los plazos que se contemplan permiten a Pedro Sánchez e Irene Montero esquivar al Parlamento hasta dentro de tres años.

En este tiempo, el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, deberán elaborar y remitir al Congreso un informe en el que se hará una evaluación «de los efectos» de su aplicación en la lucha contra las violencias sexuales. Ese informe se fundamentará en los datos recogidos por las distintas administraciones «sobre la actuación institucional en materia de prevención, detección, atención integral, protección, justicia y reparación», incorporando, entre otros, información «relativa a los procesos penales en materia de violencias sexuales».

Hace unos días, el PSOE, Podemos y ERC impidieron la comparecencia de urgencia en el Congreso de Montero y la ministra de Justicia, Pilar Llop, que había sido solicitada por el Partido Popular ante la cascada de rebajas de condenas a delincuentes sexuales por la ley del sólo sí es sí.

La aplicación de esta ley ha provocado el efecto adverso de las rebajas de condenas a decenas de delincuentes sexuales. Una consecuencia de la que el Gobierno había sido convenientemente advertido por, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como ha revelado OKDIARIO, Moncloa alertó incluso a Igualdad de la rebaja de las penas. «El resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales», concluía el documento elaborado por el Ministerio de la Presidencia.

Reforma

Los ministerios de Justicia e Igualdad negocian ahora a contrarreloj una reforma de la ley, que no frenará sin embargo las revisiones a la baja de condenas a agresores sexuales. Los socios de la coalición mantienen discrepancias especialmente en lo que se refiere al «consentimiento».

Ni PSOE ni Podemos han asumido responsabilidades políticas por los efectos de esta norma que, aunque impulsada por Igualdad, recibió el visto bueno de Pedro Sánchez.

En su lugar, desde ambos partidos arremeten contra los jueces por lo que consideran una «interpretación errónea» de la ley. La ministra de Igualdad ha señalado directamente a los magistrados como causantes del «dolor y la indignación de las víctimas». Desde Podemos se considera que la postura del PSOE es consecuencia de la «presión» que sufre por la «ofensiva contra la ley» ejercida, a su juicio, «por la derecha judicial, política y mediática».

La intención de los socialistas es registrar de forma inmediata su proposición de ley para reformar la norma, aunque no cuenten con el acuerdo de su socio de Gobierno.