Junts advierte a Sánchez: «Tiene que estar preparado para tener muchos disgustos en las votaciones»

Junts avisa: la legislatura se la va a hacer larga a Pedro Sánchez. El ex conseller y eurodiputado de la formación catalana Toni Comín ha advertido al PSOE que tiene que estar «bien preparado para tener muchos disgustos en muchas votaciones del Congreso» si no se cumple lo que Junts espera del nuevo Ejecutivo.

Sobre la medida de gracia prometida y registrada ya por el PSOE, Comín señala que «los beneficiarios de esta amnistía son muchas personas y no se ha hecho ninguna renuncia, y eso no se puede decir de la negociación de ERC con el PSOE», ha apuntado. Ha añadido que un mediador internacional ofrece más garantías al acuerdo.

Cuestionado sobre si es compatible la estrategia de la confrontación del Consell per la República con la nueva mesa de negociación, el también vicepresidente de la entidad ha respondido que el documento ‘Preparem-nos’ habla de «la vía alternativa a la negociación» en un contexto en el que entendían que la posibilidad de negociación era nula.

Ambas vías, dice, «nunca hemos considerado que sean excluyentes, son compatibles y hasta complementarias», ha asegurado. Consideran que en función de cada contexto se tendrá que explorar más una que la otra.

Así lo ha dicho en una entrevista en el diario Ara, en la que ha asegurado que se podría haber llegado a la amnistía sin los indultos: «La teoría de que para llegar antes hay que pasar por los indultos no tiene ninguna consistencia lógica».

Lawfare

Mientras, el PSOE ha aceptado las tres comisiones de investigación en el Congreso sobre el lawfare que le han propuesto sus socios en la investidura de Pedro Sánchez: Junts, ERC, Bildu y PNV. Los socialistas pagan el peaje al estar incluida esta cuestión en la Ley de Amnistía que pactaron con los partidos separatistas. La formación de Sánchez compra el relato independentista de que existe una supuesta persecución política desde las instituciones del Estado.

Junts y PNV registraron el viernes pasado dos solicitudes para crear sendas comisiones de investigación relacionadas con el lawfare: una una sobre el espionaje a líderes independentistas durante el proceso golpista que culminó en el 1-O y otra sobre las supuestas responsabilidades políticas del Estado en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, semanas antes de la celebración del referéndum ilegal.

Los independentistas se refieren a la trama de espionaje como «Operación Cataluña», definiéndola como una «trama policial» que «pretendía elaborar pruebas falsas y filtrarlas a los medios de comunicación» para «desacreditar a los líderes y organizaciones vinculadas al independentismo catalán delante de la opinión pública».