El juez quiere evitar que Puigdemont pueda delegar su voto y ser elegido presidente con su detención

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no cursará la Orden Europea de Detención y Entrega, OEDE, contra Carles Puigdemont en Copenhague para evitar que al ser detenido por las autoridades danesas «pueda delegar su voto y ser investido nuevamente presidente de Cataluña».

El pasado 12 de enero, el magistrado Llarena acordaba que el Parlamento de Cataluña habilitara “los instrumentos precisos para que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquín Forn puedan acceder a su condición de parlamentarios en los términos exigidos en el artículo 23 del Reglamento del parlamento, pese a la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que actualmente se encuentran”.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado quiere evitar esta nueva estrategia de Puigemont, que al ser detenido en Dinamarca tras cursarse la euroorden, podría alegar que se encuentra en las mismas condiciones que Junqueras, Forn y Sànchez para delegar su voto en el Parlamento Catalán y conseguir así ser investido presidente.

Cabe destacar, que en la actualidad su condición es de «huido de la justicia española», tras no acudir a la citación como investigado por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en noviembre

En su auto, el juez Llarena declaraba “la incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña, por lo que si los investigados lo solicitaran corresponde a la Mesa del Parlamento arbitrar -en la forma que entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello-, el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de prisión provisional».

“Es evidente”, añadía, “que la pérdida definitiva de la representación, se coloca en el extremo de máximo sometimiento o restricción. El Reglamento del Parlamento de Cataluña la recoge en su artículo 24, contemplando como causas impuestas de pérdida de la condición de parlamentario: la existencia de una sentencia judicial firme que anule la elección o proclamación del parlamentario; la incapacidad declarada por sentencia judicial firme; la extinción del mandato por disolverse el Parlamento, con la excepción de los miembros de la Diputación Permanente y de los que representan a la Generalidad en el Senado, los cuales mantienen su condición hasta la constitución del nuevo Parlamento; así como la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme”.