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Comunidad de Madrid

La juez que ha imputado a dos ex cargos de Ayuso por las residencias fue directora general con Zapatero

Isabel Durántez dejó en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido

  • Ana Borges
  • Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.

La juez que ha imputado por primera vez a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de las residencias en la pandemia es la magistrada María Isabel Durántez Gil. Perteneciente al Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, la juez forma parte de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, una entidad con un marcado sesgo ideológico de izquierdas.

Además, fue directora general de Interior de la Xunta de Galicia en el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, (PSOE), entre 2005 y 2009, para luego pasar a ser directora general de la Marina Mercante (perteneciente al Ministerio de Fomento) bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese momento, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, era fiscal general del Estado, también con Zapatero.

Con Conde-Pumpido mantiene una estrecha relación de amistad. Es más, fue precisamente esta juez la que dejó en libertad a su hijo al no dar veracidad a la denuncia por una supuesta agresión sexual.

María Isabel Durántez Gil es hermana de Marta Durántez Gil, la fiscal que solicitaba dos años y medio de cárcel para Rubiales por el beso a Jenni Hermoso.

Es la primera vez que un juzgado de Madrid imputa a altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid para responder por los protocolos de no derivación en las residencias de ancianos en las primeras semanas de la crisis del coronavirus.

La juez, tras una demanda de familiares, ha llamado a declarar el próximo lunes a Carlos Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso, y también a otro cargo que suscribió protocolos posteriores.

«Esto estaba archivado hace tres años y la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo…Es todo lo que sé», ha respondido Ayuso a la pregunta de los periodistas sobre si está preocupada por el caso.