El juez procesa a Morodo, embajador de Zapatero en Venezuela, por fraude a Hacienda

El juez Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha propuesto juzgar a Rafael Morodo, embajador en Venezuela mientras era presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado también sugiere sentar en el banquillo a su hijo Alejo Morodo y a la mujer de este último, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, Abascal atribuye a los investigados el delito agravado contra la Hacienda Pública. En el caso de Raúl Morodo, lo hace por el ejercicio económico de 2014; respecto a su hijo, por los años de 2013 y 2014 y sobre su nuera, por los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.

Esta decisión del instructor llega después de que acordase la creación de una pieza separada en el denominado caso Morodo, un movimiento que acercaba al banquillo al ex embajador y su círculo familiar. Fue la Fiscalía la que solicitó la formación de la citada pieza para que se pudiera así continuar con los trámites del procedimiento abreviado, como finalmente ha ocurrido.

Con ello, el juez pretendía adelantar el enjuiciamiento, por separado, de unos hechos delictivos que, tras ser investigados en el seno de unas diligencias previas «no deben aguardar o demorarse hasta que se complete la instrucción con relación a otros hechos delictivos u otras personas que pueden ser objeto de indagación separada».

En su auto, dictado este mismo lunes, el magistrado explica que Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y, para defraudar a Hacienda, decidió interponer tres sociedades para evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a través del IRPF.

En el auto se detalla que el hijo del ex diplomático habría tributado las rentas a través del Impuesto de Sociedades, mucho más beneficioso. «Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública», razona el juez.

De esta manera, detalla el instructor, tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor. Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio de su padre, Raúl Morodo, que las habría ocultado a la Hacienda Pública.

El juez explica que, entre 2007 y 2014, Alejo Morodo inició «una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros de los que percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014».