El juez pide una auditoría para ver cuánto se desvió al ‘procés’ de los 53.000 millones de Montoro

El Juzgado de Instrucción de Barcelona ha reclamado a los Ministerios de Economía y Hacienda que ordenen una auténtica auditoria del gasto en la Generalitat por el uso de FLA y de otros fondos públicos, que superan los 53.000 millones de euros.

Lo ha hecho a través de una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO en la que subraya que, ante la negativa de la Generalitat a proporcionar la información reclamada, pasa a exigirle a los ministerios económicos del Gobierno de España que, “en virtud de las potestades que le confiere el 155” ordenen a los departamentos del Govern entregar toda la información reclamada y necesaria. El objetivo es conocer qué fondos públicos se han empleado para pagar el referéndum ilegal y, especialmente, qué partidas del FLA sean destinado a pagar el golpe.

La providencia explica literalmente que “la respuesta remitida por el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña al oficio de 30 de octubre de 2017” se ha limitado a una negativa porque, según afirman los responsables de la Generalitat, se ha confirmado el “desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del llamado referéndum, celebrado el pasado día 1 de octubre”.

La respuesta del juez ha sido automática y ha decidido “reproducir” la misma solicitud y requerimiento de información, “a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a los Ministerios de Economía y de Hacienda a fin de que, en virtud de las potestades que le confiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española[…] proceda a dar las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación del citado oficio”.

En resumen, que, a partir de esa orden, si la Generalitat no da los datos, el Gobierno debe hacerlo entrando en cada departamento y aplicando el artículo 155. Porque, como también acaba de dejar claro el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tiene la evidencia del uso de fondos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para pagar el referéndum.

Obstáculos a la investigación

El juez ha respondido así a los deseos de la Guardia Civil, que llevan semanas acusando a la Generalitat de obstaculizar la investigación judicial en plena aplicación del 155. La Benemérita, de hecho, ha trasladado oficialmente esta acusación en la documentación remitida al Juzgado número 13 de Barcelona y dentro de un informe fechado el 20 de noviembre, es decir, durante el periodo en el que ya estaba en vigor el mecanismo de intervención del Gobierno central aprobado por el Senado y basado en el artículo 155 de la Constitución -entró en funcionamiento el 27 de octubre del pasado año-.

La acusación de la Guardia Civil no se basa sólo en el hecho de una evidente ausencia de colaboración con la Justicia, sino también en la confirmación de que el equipo administrativo de la Generalitat cuenta con “argucias” diseñadas para “impedir conocer la trazabilidad del dinero público”.

El documento de la Benemérita –en respuesta a las diligencias solicitadas por Vox– destaca en su argumentación que la Generalitat no está contestando “a los mandamientos” del juzgado. Pero añade que la policía judicial “tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta” y que, además, para lograr estas evidencias, los agentes policiales “han tenido que realizar diversas y costosas gestiones para cuantificar el gasto y tratar de conocer el origen de los mismos y determinar si fue o no dinero público o de un tercero”, precisamente, por no haber contado con ninguna colaboración por parte de una administración autonómica que estaba ya en esas fechas bajo control del 155.