El juez de ‘Neurona’ envía a México la comisión rogatoria para interrogar a los socios de Podemos
Varapalo a Podemos y a la fiscal del ‘caso Neurona’: el juez prorroga la investigación
Podemos quiere evitar que se investiguen los contratos de trabajadores de Neurona
La Audiencia ordena al juez del ‘caso Neurona’ interrogar a los socios chavistas de Podemos
El juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha enviado la comisión rogatoria a México para tomar declaración como testigos a dos trabajadores de la consultora chavista a la que presuntamente Podemos desvió 363.000 euros de fondos públicos durante la campaña electoral de abril de 2019.
En una providencia del 11 de febrero a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y contra la que todavía cabe recurso de reforma, el juez ordena este trámite «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos hecho en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de septiembre de 2006». De este modo, Germán Cobos Pío y Waldemar Aguada Butanda declararán como testigos una vez el país centroamericano responda a la petición.
Interrogatorio a los socios chavistas
Fue la Audiencia Provincial de Madrid quien ordenó al juez del caso interrogar a los socios de la consultora chavista Neurona Consulting en México.
Aunque en un primer momento el magistrado citó a Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda para declarar desde la embajada española en México, la negativa de la Fiscalía a librar una comisión rogatoria al país mexicano provocó que el juez decidiera revocar su decisión y optar por no contar con el testimonio de estos dos testigos claves.
No obstante, las acusaciones, entre ellas la acusación popular que ejerce Vox, recurrieron esta decisión ante la Audiencia Provincial que ordenó al titular Juzgado de Instrucción número 42 tomar declaración a los socios chavistas.
Ahora, el magistrado, que el pasado 27 de enero acordó ampliar la investigación con el fin de practicar esta pericial, inicia los trámites para interrogar a estos dos trabajadores de la consultora, a fin de averiguar si, durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019, se realizaron los supuestos trabajos por los que Podemos pagó 363.000 euros o si, por el contrario y como sospecha la acusación popular, «todo es ficticio».
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