Un juez investiga en Suiza y EEUU a la enfermera de Chávez por blanqueo en España

El juez Jaime Serret ha cursado, a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, dos comisiones rogatorias a Suiza y Estados Unidos para investigar la fortuna oculta de la enfermera del dictador bolivariano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén.

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid investiga a Díaz Guillén y a su marido, Adrián Velásquez – un ex militar venezolano y antiguo miembro de la Guardia Presidencial de Chávez-, por un presunto delito de blanqueo cometido en España a consecuencia de la compra de una vivienda por 1,8 millones de euros en la milla de oro de Madrid.

Fuentes judiciales explican a OKDIARIO que la comisión rogatoria al país norteamericano se ha cursado porque en este país existen investigaciones que incriminan a la enfermera de «enriquecimiento ilícito» cometidos mientras fue responsable de la Oficina Nacional del Tesoro, entre 2011 y 2013, y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden).

Además, se ha solicitado al país helvético documentación referente a las sociedades y cuentas bancarias a nombre del matrimonio. Fuentes de la investigación explican que existen indicios de que la compra del lujoso piso en la calle Monte Esquinza se realizó mediante un mecanismo «compatible con el blanqueo de capitales» a través de sociedades offshore.

Detenidos en España

Díaz y Velásquez salieron de Caracas tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013, para instalarse en República Dominicana. En 2015 se trasladaron de manera clandestina en España. Un año después salieron a la luz los llamados papeles de Panamá, y el ex militar apareció como cliente del bufete de abogados Mossack Fonseca dedicado a crear entramados societarios para ocultar dinero.

Venezuela reclamó a España la extradición del matrimonio chavista por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Según el Código Penal español estos delitos se corresponden con malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo.

En un principio la Audiencia Nacional aceptó la extradición. Finalmente, en respuesta al recurso de súplica presentado por los cónyuges, el Pleno de la Sala revirtió la decisión alegando que el régimen del dictador Nicolás Maduro «no respeta los derechos humanos de quienes discrepen de él». Estos venezolanos pasaron de ser colaboradores con el chavismo a repudiados por el régimen.

En el escrito presentado por los investigados adujeron a la existencia de una persecución política. Tras la publicación de los «papeles de Panamá» la justicia venezolana detuvo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, a un hermano de Velásquez, Josmel, mientras que impuso medidas cautelares a Adrián y a la madre de ambos, Amelis Figueroa.

Estas detenciones, según indicó la Fiscalía venezolana, fueron solicitadas «tras una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, donde incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes».

Fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO explican que la documentación derivada de estas comisiones rogatorias serán claves para las pesquisas que se siguen en el Juzgado de Instrucción 28 de Madrid.