Una juez investiga a la podemita Rosell e imputa a su marido por revelación de secretos

La juez María Ángeles Velázquez ha abierto diligencias contra Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, por un presunto delito de revelación de secretos. Del mismo modo, la juez ha imputado a la pareja de la alto cargo de Podemos, Carlos Sosa, que deberá declarar el próximo martes, 12 de julio, a las 10:00 horas, según consta en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Esta causa se ha abierto a raíz de una querella interpuesta por el magistrado Salvador Alba por presuntos delitos de acoso, revelación de secretos y delito de odio. En un extenso escrito, el querellante narra cómo la número dos de Irene Montero y su pareja iniciaron una campaña de acoso mediático contra él y su familia. «Han desvelado datos médicos del querellante y han vinculado el trabajo profesional tanto de éste como de su mujer con una ideología política provocando el odio de los miles y miles de seguidores que tienen los querellados en redes sociales por todo el país», explican. Además, detalla que su hija de nueve años ha sufrido acoso en el colegio después de que el marido de Rosell publicara datos personales de la menor en el digital que dirige.

«El día 25 de febrero de 2018, Carlos Sosa Báez publicó un artículo en el periódico que dirige en el que desvela el colegio en el que estudia la hija de los querellantes, que contaba con tan solo nueve años, haciendo alusión a una discusión de la menor con otra compañera que le preguntaba si habían metido ya a su padre en la cárcel. Esto provocó un estado de ansiedad brutal en la hija de los querellantes y la interposición de una demanda de conciliación contra los padres de la compañera que, por cierto, fue publicada al detalle. Esto es una muestra más del acoso al que se lleva sometiendo a los querellantes por parte de los querellados desde hace años», subraya el escrito.

Revelación

Salvador Alba expone que el periodista Carlos Sosa y su pareja Rosell, aprovechando que ejercían acusación popular y particular, respectivamente, en una causa en la que estaba imputado el ahora querellante, difundieron de manera presuntamente ilícita información de carácter reservado que formaba parte de las diligencias de investigación por las que fue condenado finalmente.

De esta manera, al ejercer la acusación popular, el periodista pudo acceder de manera privilegiada a todos los detalles sobre un viaje privado que el juez realizó en julio de 2018 junto a su familia y cuyos billetes de avión obraban en la causa porque el propio Alba los había aportado. El ahora querellante entregó dicha documentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con la causa en la que estaba siendo investigado.

Sin embargo, éste no fue el único documento de carácter confidencial que afectaba a Alba y que fue publicado en el digital de Sosa. También se difundieron datos médicos del juez Alba que fueron entregados por éste al instructor cuando se encontraba de baja médica. De hecho, «llegó a publicarse datos personales de los facultativos» lo que ocasionó que el querellante tuviese que cambiar en varias ocasiones de médico, puesto que «no querían atenderle tras ver sus datos personales publicados en los medios de comunicación», explica el querellante.

Acoso

Sin embargo, fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO aseguran que «lo más sorprendente y peligroso de todos los hechos narrados» es que la delegada para la Violencia de Género ha utilizado «el cargo institucional para dar mucho más eco mediático a la campaña de acoso en la que se ha visto afectada una menor de nuevo años que ha sufrido acoso escolar a raíz de estas publicaciones».

Hay que destacar que el digital del marido de la podemita Rosell publicó no sólo datos confidenciales de la menor, sino también una fotografía en la que aparecía junto a sus progenitores. Difundiendo dicho medio, de esta manera, la imagen de una niña sin el consentimiento de sus padres.