La juez imputa al alcalde y el edil de Urbanismo de Altea (Compromís) por prevaricación

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha citado a declarar al alcalde de Altea, Jaume Linares, y a su concejal de Urbanismo, José Orozco, ambos de Compromís, como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La juez ha admitido a trámite una querella que acusa a ambos responsables municipales de permitir durante dos años la ejecución de obras ilegales para construir un nuevo módulo del Hotel Aldea Hills. La magistrada también tomará declaración, como querellado, al responsable legal de la empresa Órbita Solar SL, promotora de las obras. Esta sociedad está participada al 50% por Hoteles Costa Mar SA (del Grupo Mar Confort) y Benmar Hoteles SA (del grupo Hoteles Sando).

Según la querella, presentada el pasado mes de octubre por un particular, el equipo de gobierno que preside el alcalde Jaume Linares (Compromís) ha permitido que esta sociedad ejecute las obras sin licencia, para legalizarlas luego mediante un Plan de Reforma Interior (PRI) que el Consistorio está tramitando por la vía de urgencia.

Las obras se iniciaron, sin licencia, en noviembre de 2018. Desde entonces, el Ayuntamiento ha ordenado paralizarlas tres veces. La última vez, el pasado 23 de abril, cundo el Consistorio dictó una resolución en la que reitera la orden de paralizar las obras y advierte a la empresa de que puede incurrir en un delito de desacato a la autoridad.

Un «fraude de ley»

Pese a ello, los trabajos han seguido adelante durante dos años, lo que ha permitido completar la ejecución de la excavación y cimentación sin licencia municipal. A pesar de estas reiteradas infracciones urbanísticas, el Pleno municipal aprobó el pasado 3 de septiembre por la vía de urgencia el Plan de Reforma Interior (PRI) que permitirá legalizar estas obra ejecutadas irregularmente.

Se trata del Plan de Reforma Interior (PRI) para la delimitación de área discontinua de actuación de dotación en suelo urbano consolidado para la urbanización Altea Hills, correspondiente al sector El Aramo del Polígono la Malla de Altea.

La querella sostiene que este trámite administrativo constituye un «fraude de ley», pues la junta de gobierno que preside el alcalde Jaume Linares es «sobradamente conocedora de los diferentes expedientes de disciplina urbanística en los que la promotora hizo caso omiso de las paralizaciones requeridas por el Ayuntamiento».

El denunciante sostiene que el equipo de gobierno municipal estaría incurriendo en un presunto ilícito al pretender «legalizar a través de la figura del PRI las actuaciones denunciadas por los propios técnicos municipales». El concejal de Urbanismo, José Orozco, que también ha sido imputado por la juez, reconoce en un informe que las obras se estaban ejecutando sin licencia.

Un «plan preconcebido»

Según la querella que la juez admitió a trámite el pasado día 20, existe un «plan preconcebido» en el que el Ayuntamiento «daba apariencia legal a través de expedientes de restauración de la legalidad que se dilataban en el tiempo», mientras la promotora Órbita Solar seguía adelante con las obras sin licencia «a sabiendas de que posteriormente iban a ser legalizadas» con la tramitación del PRI.

Este PRI permitiría a la promotora modificar la calificación y zonificación de determinadas parcelas incluidas en el Plan Parcial del Aramo, dando así cobertura  urbanística a las obras que se están ejecutando para dotar al hotel Aldea Hills de un módulo de nueva construcción en las parcelas AH-415 Hotel y HS Servicios complementarios (destinada a los usos de spa y salud).

El denunciante añade que durante dos años, desde 2018, el gobierno municipal de Altea ha tramitado los sucesivos expedientes de restitución de la legalidad que, «lejos de ser una solución, no eran más que un formalismo». Hasta el punto de que en estos expedientes se advertía de que el Consistorio iba a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, pero nunca ha llegado a cumplir dicha advertencia.

La querella acusa al alcalde y al concejal de Urbanismo, ambos de Compromís, de «mantener una actitud pasiva», pese a las advertencias plasmadas por los técnicos municipales, lo que ha permitido a la promotora ejecutar obras de excavación y cimentación del nuevo módulo del hotel, sin las preceptivas licencias.

Además de citar a declarar a los tres querellados, la juez ha requerido al Ayuntamiento para que le entregue los expedientes de restauración de la legalidad números 2219/2020, 1206/2020 y 2127/2019, instruidos por los servicios municipales de Urbanismo mientras se desarrollaban las obras ilegales.