El juez cita a 3 empleados de Neurona para «comprobar la realidad» de los trabajos que hicieron para Podemos

El juez que investiga a Podemos por presunta malversación ha citado a tres trabajadores de la consultora chavista Neurona, para comprobar si realmente se realizaron los servicios audiovisuales contratados por la formación morada durante las elecciones de 2019. El partido de Pablo Iglesias destinó 363.000 euros para estos supuestos trabajos que ahora están siendo investigados. Los tres empleados deberán declarar el próximo 21 de diciembre.

En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid expone: «Partiendo de lo expuesto, y en cuanto diligencias de investigación hábiles para la investigación de los hechos objeto del presente procedimiento, procede acordar las declaración como testigos de Silvia Santana Rodríguez y Víctor Lasa Briz de cara a comprobar la realidad de prestación por Neurona Comunidad S.L. de los servicios que presuntamente le fueron contratados por el partido político Podemos».

Además, en otro auto en el que acuerda investigar la cuenta desde la que Podemos pagaba a la consultora chavista Neurona y que tenía como apoderado a Pablo Echenique también ordena la declaración en calidad de testigo de Tirso Nohales Escribano quien aparece en los papeles aportados por Unidas Podemos –Libro Mayor Elecciones Generales al Congreso y Senado 28ª 2.019– como «el cámara que grababa para Podemos las campañas electorales y al parecer es el mismo trabajo abonado en los supuestos servicios contratados por Neurona Consulting y podrá aclarar este extremo». El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de una de las acusaciones, representada por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege.

Las declaraciones se realizaran el día 21 de diciembre: Tirso Nohales será el primero en testificar y está citado a las 10:00, Silvia Sanana y Víctor Lasa han sido citado a las 10:30 y 11:00 horas respectivamente.

Neurona Comunidad

Neurona Comunidad SL es la filial en España de la consultora mexicana Neurona Consulting que está actualmente en el ojo del huracán en Bolivia por recibir contratos a dedo por valor de 12,5 millones de bolivianos del Gobierno de Evo Morales. Esta consultora se dedica a apoyar a candidatos de ultraizquierda de la órbita de Podemos en América del Sur desde 2014. «Colaboración en áreas audiovisuales, estrategia de comunicación, argumentarios, etc. (…) la primera vez en la campaña presidencial de Evo Morales en Bolivia. A partir de dicha campaña, Neurona ha trabajado en más de 200 campañas electorales, todas exclusivamente con candidatos y partidos de izquierda en países como España, Portugal, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y Colombia», según indica la empresa en su web.

La filial española se registró un mes antes de las elecciones generales del 28 de abril: el 19 de marzo de 2019 en el municipio sevillano de Carmona. Inmediatamente después de crearse, Podemos transfirió a su cuenta bancaria 363.000 euros y de esa cantidad 308.000 euros fueron a parar a una presunta empresa «fantasma», Creative Advice Interactive Group, por servicios que el instructor sospecha que no se prestaron.

Los podemitas han presentado documentos para justificar que los supuestos trabajos fueron realizados por los trabajadores Tirso Nohales, Silvia Sanana y Víctor Lasa. Pero la realidad es que ninguno de éstos estuvieron dados de alta en la empresa Neurona Comunidad SL que era la sociedad que prestaba los servicios en España.

Así consta en un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social remitido al juez Juan José Escalonilla que investiga al partido de Pablo Iglesias. El oficio de la Seguridad Social sobre Podemos rezaba lo siguiente: «Una vez consultada la base de datos de la Tesorería le informamos que no se ha localizado en los registros de dicha base de datos, ninguna empresa de razón social Neurona Comunidad SL con CIF: B90428772».

Expertos en Derecho Fiscal y magistrados de lo Mercantil consultados por OKDIARIO explican que todo apunta a que se trata de una sociedad instrumental o sociedad pantalla. Éstas son empresas creadas «con el objetivo de actuar en el tráfico económico interpuesta entre el mercado y el prestador de servicios, ocultando la realidad latente, y suelen utilizarse para fines delictivos, evasivos o elusivos».

El Tribunal Supremo ha definido las sociedades instrumentales como empresas que pretenden evitar el rastreo de la propiedad y el origen de los fondos. Por su parte, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señala que las sociedades instrumentales son formalmente personas jurídicas, pero materialmente carecen de desarrollo organizativo.