El juez retira el pasaporte y prohíbe salir de España a Medina y Luceño por el caso de las mascarillas

El juez Adolfo Carretero ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en sede judicial cada 15 días para Luis Medina y Alberto Luceño, los dos investigados por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, tal y como habían pedido las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid. El consistorio de la capital y la Fiscalía no habían solicitado la adopción de medidas cautelares.

Ambos empresarios han acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez instructor en calidad de investigados por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil  y, en el caso de Medina, también de alzamiento de bienes. El hijo menor de Naty Abascal y el Duque de Feria ha declarado durante cerca de cuarenta minutos y ha respondido únicamente a las preguntas del juez, mientras que Luceño ha terminado en un cuarto de hora.

Esta ha sido la primera vez que tanto Luis Medina como Alberto Luceño han comparecido en sede judicial desde que, en noviembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias tras constatar un «sobrecoste de aproximadamente el 50%» en los contratos  de venta de material sanitario a la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, participada al 100% por el Ayuntamiento de la capital.

En concreto, relata la querella, en marzo de 2020, los querellados «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China». De estas operaciones, que costaron al consistorio de José Luis Martínez-Almeida cerca de 10,8 millones de euros, los ahora investigados obtuvieron unos beneficios cercanos a los seis millones de euros.

Alzamiento 

Sin embargo, no hay rastro de estas cantidades. El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid no ha encontrado en las cuentas de Alberto Luceño dinero suficiente para proceder al embargo de los más de cinco millones de euros que presuntamente obtuvo a partir de comisiones por la venta de material sanitario a la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Lo mismo sucedió en el caso de Medina, cuyo saldo era de sólo 247 euros.

Por esta razón, y ante la sospecha de que el dinero se pueda encontrar oculto, el juez Adolfo Carretero imputó a Medina un presunto delito de alzamiento de bienes. Un ilícito penal que la acusación popular que representa a Podemos ha solicitado también para Alberto Luceño, quien habría supuestamente realizado actos de disposición patrimonial sobre bienes que eran objeto de la investigación con posterioridad a su toma de declaración, incluso a pesar de la advertencia del Ministerio Fiscal durante el curso de la misma de que dichos bienes podrían ser susceptibles de embargo.