Los jueces tendrán un mes para decidir si un justiciable es o no menor de edad

El Gobierno dotará de un mayor amparo jurídico a los magistrados, con el objetivo de evitar la discrecionalidad de jueces y fiscales, a la hora de determinar la mayoría o minoría de edad de una víctima o de un autor.

El juez deberá determinar la minoría de edad de una víctima o del autor de un delito a través de una sentencia. Así se expresa el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, por el que se regula qué procedimientos debe de seguir la Justicia para dictaminar la minoría o mayoría de edad legal de un justiciable.

Esta normativa, propuesta por el Ministerio de Justicia, tiene como objetivo «concretar la mayoría o minoría de edad, con pleno respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien la determine, tras escuchar las alegaciones de las partes y realizar una valoración ponderada de la prueba que se ha hecho a la persona».

El anteproyecto nace con la voluntad de corregir y acotar el margen de discrecionalidad que jueces y fiscales a menudo utilizan para dictaminar si las víctimas que comparecen ante ellos y dicen ser menores de edad mienten o no.

La normativa resulta de suma importancia, teniendo en cuenta que las consecuencias penales de determinadas conductas varían sustancialmente si quien las comete o las recibe es o no mayor de edad. Por ejemplo, el adulto que induzca a una mujer a prostituirse recibe un mayor castigo punitivo si las mujeres son menores de edad.

Por otro lado, resulta determinante saber si un detenido es o no menor. Si no ha alcanzado la mayoría de edad le afecta la jurisdicción de menores, que es muy diferente al Código Penal que afecta a los adultos. Un ciudadano extranjero indocumentado si es menor no pude ser expulsado del país, pero si es mayor de edad sí.

Este anteproyecto de Ley pone de manifiesto las dificultades que tiene el aparato judicial para determinar con exactitud jurídica si un acusado es menor de edad. Por eso, sin atentar contra los derechos de las víctimas el anteproyecto otorga el plazo de un mes a jueces y tribunales para que puedan abrigar todos aquellos indicios “mediante pruebas, eso sí, no invasivas”, que permitan conocer la edad de un justiciable, sea víctima o agresor.