Los jueces acusan a Sánchez de alterar «el entendimiento de la propiedad privada» con su ley de vivienda

La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda critica en una de sus conclusiones que lo pretendido por el Gobierno «supone una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda». En concreto, en su análisis, que se votará en el pleno ordinario del próximo jueves 27 de enero, los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas señalan que el anteproyecto supone «la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil», que establece que la propiedad es «el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes».

El dictamen, que recuerda además que la vivienda constituye una materia de titularidad autonómica, critica que con este anteproyecto se constituya un deber configurador del derecho de propiedad destinar la vivienda al uso habitacional, en el sentido de un «uso y disfrute propios y efectivos», un punto que, según exponen los vocales, contradice la doctrina del Tribunal Constitucional, que señala que este tipo de previsiones en que se establece el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a habitación, «en la medida en que en el contexto normativo en el que se inserta no se configura como real deber del propietario, sino como un objetivo que persigue el poder público mediante su política de vivienda, no puede afirmarse que forme parte del contenido esencial de ese tipo de derecho de propiedad».

Es decir, José Antonio Ballestero y Enrique Lucas critican en el informe que el Gobierno pretenda, de este modo, modificar el entendimiento del derecho de la propiedad privada y, de forma más concreta, su concepción estatutaria para regular las facultades que tiene el dueño o propietario del suelo, en relación con el uso y edificación de éste.  «Una cosa es delimitar la función social de la propiedad, en cuanto a los deberes que comporta, y otra, al socaire de ello, regular el contenido de las facultades dominicales» argumentan los vocales del CGPJ, que señalan, además, que «la satisfacción de la necesidad habitacional se funda muy mayoritariamente en la titularidad dominical de la vivienda que, a menudo constituye el principal activo de la familia de forma que puede resultar inoportuna la alteración de su estatuto básico, en momentos de crisis económica como la actual».
Por ello, lo pretendido en este punto por el Gobierno de Pedro Sánchez resulta, a juicio del CGPJ, «incongruente, pues poco tiene que ver la necesidad de ordenación del suelo, con afectación decisiva al interés general, con la propiedad privada e individual de la vivienda donde frente al interés público prima el interés privado del propietario».

Justificación insuficiente

La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda señala, además, que el proyecto de ley carece de «una justificación suficiente» de la necesidad de las medidas a aplicar,  ya que no evalúa ni los beneficios sociales ni los inconvenientes que se pueden derivar de ellas. Según señalan los vocales, la ley pretendida no cuenta con la información necesaria «para poder determinar si la incidencia que se produce por la aplicación de las medidas» en los derechos a la propiedad privada o a la libertad de empresa «es proporcionada».

Por otra parte, y después de que desde Moncloa indicaran que, pese a lo que considerase el órgano de gobierno de los jueces, se seguiría adelante con la propuesta, los vocales advierten en su informe que «el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente». Una llamada de atención sobre la que ahora deberá de pronunciarse el Gobierno de Sánchez, una vez el informe de los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas se vote en el pleno ordinario del próximo jueves.