Un jefe de los Mossos en Lérida participó en los sabotajes de la CUP a las carreteras el 8-N

La Guardia Civil investiga al jefe de la comisaría de policía ambiental de los Mossos en la localidad leridana de Alto Urgel, Carles Mora, por su participación en los cortes de tráfico de la carretera N-154 en la huelga general del 8-N. Mora es, además, el número 2 del Comité de Defensa de la República (CDR) en este municipio, y participa activamente en la dirección de esos grupos de agitación callejera y sabotaje de la CUP en Cataluña.

El jefe de la comisaría del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR), que es como se denomina esta división adscrita a los Mossos d´Esquadra y al Departamento de Agricultura de la Generalitat, se enfrenta a una posible imputación por presuntos delitos de desórdenes públicos y coacciones al impedir durante horas la circulación en esa vía que conecta el norte de Lérida con Andorra.

Cortes de tráfico y acoso a la Guardia Civil

Los hechos que investiga la Guardia Civil son varios. Este mando policial no sólo intervino en los cortes de la carretera nacional N-145 el día de la huelga separatista, sino que además, y presuntamente, habría participado en la concentración de acoso ante el cuartel de la Guardia Civil en la Seo de Urgel.

El también vicepresidente del CDR (las llamadas ‘brigadas de autodefensa de la CUP’, creadas a imagen y semejanza de las células de vigilancia urbana en la Cuba castrista) de este pueblo leridano pertenece a un cuerpo de 500 agentes que no sólo tienen la condición de agentes de la autoridad y de policía judicial, sino que pueden portar armas.

La investigación contra el policía ambiental y número 2 del CDR de Alto Urgel se inició a raíz de las denuncias interpuestas por media docena de vecinos por los presuntos perjuicios económicos de los cortes del eje viario el 8-N.

Mora, como otros integrantes de los piquetes organizados por los CDR a los que investiga la Guardia Civil (al igual que los Mossos y la Policía Nacional), no sólo se enfrenta a una posible penas de hasta tres años de cárcel si finalmente resultara procesado. También a multas administrativas que pueden llegar a los 60.000 euros.