Ayusó llevará ante el Constitucional la ‘Ley Celaá’: Sánchez quiere «destrozar» la educación en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que llevará ante el Tribunal Constitucional la conocida como ‘Ley Celaá’. Ayuso considera que el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ya que considera que con ella el Gobierno de Sánchez busca «destrozar» el sistema educativo.

«Es ideología, es imposición y este Gobierno no va a permanecer callado», ha remarcado en una comparecencia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Al descontento por parte de la presidenta madrileña se unen sindicatos independientes y asociaciones. El secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha sostenido este martes que el proyecto de ley de educación promovido por el Ministerio de Isabel Celaá representa un «ataque frontal a la escuela concertada, al derecho de creación de centros con ideario propio y al derecho de las familias a escoger el modelo de educación que quieren para sus hijos».

En un mensaje en Twitter, el también diputado en el Parlament ha asegurado que algunas de las medidas que incluye el proyecto de ley van en la misma línea que el decreto del Govern que «ha recibido más de 15.000 alegaciones en contra por parte de las familias».

«Continuaremos luchando contra las reformas educativas que promueven los gobiernos de Cataluña y España, porque faltan al respeto a las familias, atacan a la escuela concertada y vulneran el principio de subsidiariedad al no permitir ni garantizar la libre iniciativa social», ha afirmado Espadaler.

Ataque a la concertada

La ministra ha defendido que todos los centros sostenidos con fondos públicos asuman las necesidades que requieren más refuerzo del sistema. «No vamos a hacer avanzar a través de medidas proteccionistas a la educación en su conjunto, sino a través de inyecciones de calidad y toda la ley incorporar elementos de calidad potentes, robustos, para mejorar la educación en su conjunto, tanto la pública, como ese sector importante de concertada que acompaña y que se atiene a lo que significan los objetivos y consensos sociales», ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que su proyecto de ley señala que las administraciones educativas velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación.

«Esta es una ley que busca la justicia o equidad, que es dar a cada uno lo que corresponde y esto no puede ser confundido con una resta de libertad. Al contrario, es libertad para todos, más allá de sus circunstancias», ha recalcado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también ha participado en la rueda de prensa posterior al Consejo, se ha limitado a remitirse a las palabras de la ministra de Educación al ser preguntada por su opinión sobre el tratamiento que la ley da a la asignatura de Religión y a los centros que separan por sexos.