Irene Montero paga 17.605 € por un informe de 49 páginas a un ex alto cargo del PSOE

El Ministerio de Igualdad ha pagado 17.605 euros por un informe de 49 páginas a un grupo de investigadores de la Universidad de Granada que lidera Miguel Lorente, médico forense ligado al PSOE y que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El departamento que lidera Irene Montero ha publicitado en las últimas semanas el informe Impacto de la pandemia por COVID-19 en la violencia de género en España. Se trata únicamente de 49 páginas sin contar las referencias bibliográficas que han costado 17.605 euros, impuestos incluidos.

En el apartado de «autoría» se recoge que el encargo recae en un equipo de la Universidad de Granada que integran Miguel Lorente Acosta, Juan de Dios Luna del Castillo, Miguel Ángel Montero Alonso y Marta Badenes Sastre. El primero de los mismos ocupó un alto cargo en el Ministerio de Igualdad con Zapatero y la ministra Bibiana Aido. Ostentó las responsabilidades que actualmente asume Victoria Rosell (Podemos).

Doctorado en medicina, es especialista en cirugía y médico forense por oposición desde 1988. Además de profesor titular de la Universidad de Granada tiene un máster en Bioética y Derecho Médico. También su currículum recoge su paso por la Junta de Andalucía con el PSOE en el poder. De 2006 a 2008 fue director general de asistencia jurídica a víctimas de violencia de la Consejería de Justicia con el presidente socialista Manuel Chaves.

Informe 2

El documento de 49 páginas examina el impacto que la pandemia del Covid tuvo en la violencia de género en España. Llama la atención que reconoce que los asesinatos machistas se han reducido en los últimos años, a pesar de que sostiene que la violencia ha crecido. «El resultado global ha sido una disminución del número de mujeres asesinadas por violencia de género, pero no un descenso de la violencia. Concretamente, el número total de homicidios por esta violencia en 2020 ha sido de 47. Supone una disminución del 22,8% respecto a la media anual de homicidios en toda la serie histórica 2003-2019 (60,8 homicidios), y un descenso del 14,5% respecto a los 55 homicidios de 2019», se recoge.

Por otra parte, se evalúan la violencia de género respecto a «las denuncias interpuestas y las órdenes de protección adoptadas, las llamadas al 016, la comparación con la violencia en general y con la violencia doméstica en particular, y algunas de las consecuencias y situaciones relacionadas con la violencia». El objetivo del trabajo es medir «cómo la sociedad responde ante esas circunstancias a partir de la estructura definida por la cultura androcéntrica que la define».

Se critica que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio, la ciudadanía ha dejado de ver la violencia de género como un problema acuciante. «El impacto general de la pandemia sobre la violencia de género aún no se ha resuelto, y se refleja, entre otras consecuencias, en el porcentaje de población que tras la pandemia incluye esta violencia entre los problemas graves, que es del 0,5%, cuando antes de la pandemia era del 6,4%».

Quejas

Por último, lamentan que han tenido «limitaciones». A pesar de recibir el contrato menor, apurando el máximo legal de 18.000 euros para este tipo de encargos sin abrir concurso, afean que han tenido poco tiempo, que no han conseguido «datos de calidad» y que la propia pandemia todavía no ha terminado.

«Las limitaciones más importantes que ha tenido este estudio son: la escasez de tiempo para poder profundizar en el análisis de los datos, la dificultad para poder obtener datos de calidad desagregados y en el formato adecuado, la proximidad en el tiempo a la pandemia impide analizar con más detalle la situación», concluyen.