Interior desconoce cuántos policías y guardias civiles son víctimas de delitos de odio por su profesión

El Ministerio del Interior desconoce el número de policías y guardias civiles que han sufrido delitos de odio por su condición porque su «sistema estadístico de criminalidad no reconoce como ocupación profesional de la víctima la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Así lo indica el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta por escrito a una pregunta registrada el pasado mes de julio en el Senado.

La contestación ha indignado a los miembros de ambos institutos armados aunque no les ha sorprendido porque consideran que hay una total «falta de interés» en la defensa y protección de los efectivos y sus familias. Así lo ha manifestado a OKDIARIO José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, quien ha confirmado que nadie del Ministerio se ha puesto todavía en contacto con ellos desde la llegada de Grande-Marlaska al frente de la cartera.

Cobo considera que la presión que tradicionalmente soportan los agentes de policía y guardia civil en zonas ‘calientes’ de Cataluña, País Vasco, Algeciras o las fronteras de Ceuta y Melilla no se ha rebajado en el día a día y por lo tanto es obligación de los responsables políticos «salvaguardar los derechos de todas las mujeres y hombres integrantes de la guardia civil en los posibles casos de ataque de odio a su legítima condición profesional».

Además, reclama no sólo una adecuada respuesta institucional a las faltas de respeto que vulneran su dignidad en el ejercicio de sus funciones sino agravar las consecuencias de las agresiones y amenazas que sufren de forma constante tanto ellos como sus familias.

«Alsasua no es un caso aislado» remarca Cobos: «Hay numerosos ejemplos de que a policías y a guardias civiles se les desprecia y se les acosa por serlo y no pueden quedar impunes».

Modificación del Código Penal

Para ello exigen una modificación urgente del Código Penal que actualmente circunscribe la condición de víctimas de ‘delitos de odio’ únicamente a quienes sufran discriminación por razones “racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

El portavoz de AEGC lamenta que los delitos de odio no sean aplicables a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al no ser considerados grupos minoritarios protegidos. «Los agentes quedan amparados por el tipo de atentado contra agente de la autoridad -castigado con penas inferiores, incluso, a las previstas en el caso de otras figuras de autoridad como médicos o docentes- pero no por delito de odio», apunta Cobo.

Tras la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre de 2017, el ministerio del Interior habilitó un buzón para denunciar los incidentes en Cataluña que podrían ser considerados delito de odio, ante el acoso sufrido por los agentes de Guardia Civil y Policía desplazados en el marco de la ‘operación Copérnico’.

La web ministerial creó entonces un apartado bajo el título “Situación en Cataluña: protección de víctimas” que facilitaba un teléfono y un mail a los que poder dirigir denuncias por este tipo de delitos. En la actualidad  ya no se hace mención explícita a Cataluña, pese a que los agentes insisten en que en localidades como «Solsona, Lérida, Manresa o algunas comandacias y acuartelamientos de Barcelona las pintadas y los insultos a nuestros compañeros y sus familias son constantes», aseguran.