Illa nombra comisario para regenerar la Administración a un alto cargo condenado por desviación de poder

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 01/03/2025 15:10
  • Actualizado: 01/03/2025 15:10

El Govern de la Generalitat de Cataluña que preside el socialista Salvador Illa ha incluido en la «comisión de expertos» para reformar la Administración a Joan Turró, condenado por «desviación de poder» al haber trasladado a dos funcionarios que habían denunciado «órdenes abusivas, maltrato verbal, mala educación y prepotencia de la jefa del servicio». El juez reconoció que «no es verosímil» la justificación que dio para mover a los funcionarios y exigió devolverlos a su puesto. Finalmente, estos trabajadores nunca pudieron recuperar sus trabajos.

La Generalitat de Illa ha creado una «comisión de expertos que pilotará el plan de reforma de la Administración y la mejora de los servicios públicos». Entre las funciones que se les atribuye está «dar la mejor respuesta a las necesidades sociales y económicas actuales del país» así como «la transformación digital y la redefinición del modelo de la función pública».

La resolución de la Generalitat que establece esa comisión nombra a los 12 expertos que asumirán «los 12 grupos de trabajo» encargados de transformar el sector público catalán. Entre ellos está Joan Turró Vicens, a quien se le encarga ser «coordinador del grupo de trabajo» relativo a «la definición de un nuevo modelo de la dirección pública profesional».

Secretario general de Justicia

Turró fue secretario general del departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña entre diciembre de 2003 y diciembre de 2006. Entonces, tal y como se reconoce en su historial laboral, su cargo tenía «dependencia directa del Conseller de Justicia» y se centraba «en los ámbitos de la administración de Justicia, en el ámbito penitenciario y en el de entidades».

Mientras Turró ocupaba ese cargo, en 2006, firmó un documento en el que «dejaba sin efecto la comisión de servicio» de dos funcionarios de la administración, uno de los cuales era Xavier Paluzie. Es decir, que les retiraba de un cargo que ocupaban de forma interina. Ese movimiento coincide en el tiempo con la denuncia presentada por estos trabajadores contra la responsable del departamento donde estaban destinados. Concretamente, los funcionarios se quejaron de que su superior era responsable de «órdenes contradictorias absurdas y abusivas, maltrato verbal, mala educación y prepotencia de la jefa del servicio».

Los dos afectados denunciaron sus traslados ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo. El juez destacó «la coincidencia» en el tiempo «del traslado de los funcionarios autores» con «la denuncia contra la directora de servicio».

La resolución de Turró justificaba cambiar a estos funcionarios de departamento basándose en «razones o necesidades del servicio». Sin embargo, el juez refleja en su sentencia: «Ya sería casualidad que las funciones del recurrente dejaran de ser necesarias en ese preciso momento, después de seis años de ser imprescindibles».

«Se constata una desviación de poder»

Por tanto, el magistrado concluye que «la causa invocada de necesidades del servicio no es verosímil y se constata una desviación de poder». A ojos del juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, esa infracción «incide en una situación de por sí perversa» que vivían los funcionarios al estar en una posición de «precariedad generalizada» por «la falta de estabilidad» del servicio y «la correlativa posición de dominio anormal de la Administración».

Joan Turró, ahora miembro de la comisión para regenerar la administración, fue la persona que firmó la resolución en la que se produjo la «desviación de poder». Es decir, que el entonces secretario general de Justicia fue el que cometió esta infracción administrativa al no motivar correctamente el traslado de los funcionarios.

Los tribunales dieron la razón a los trabajadores y anularon sus ceses en 2008. La sentencia es firme porque no se planteó recurso. Sin embargo, los trabajadores no pudieron recuperar sus puestos porque la Generalitat eliminó sus cargos y, por tanto, la sentencia se consideró «ejecutada».

Paluzié lamenta que ahora «las personas responsables son ascendidas» mientras que ellos no son resarcidos: «No nos restituyen nuestro honor». Además, asegura que ha tratado de buscar el respaldo de las instituciones, pero no lo ha conseguido. Se queja de que la Oficina Antifraude de Cataluña y el Sindic de greuges, una suerte de defensor del pueblo catalán, no han atendido sus reclamaciones.