Illa se compromete por escrito a imponer en Cataluña las radicales recetas de Comuns contra el turismo

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 04/08/2024 20:47
  • Actualizado: 05/08/2024 10:51

El acuerdo alcanzado esta semana por el PSC y los Comunes para hacer president a Salvador Illa incluye compromisos espinosos para el socialista. Entre otros, paralizar la construcción del macrocasino Hard Rock o implantar un régimen sancionador contra los propietarios de viviendas que incumplan el tope a los precios de los alquileres. También la reducción de los cruceros que llegan a Barcelona o la elaboración de «políticas educativas sexoafectivas». A todo ello se compromete Illa, por escrito, con este acuerdo que ha rubricado con los Comuns para alcanzar el poder.

En cuanto al Hard Rock, el texto obliga al futuro presidente de la Generalitat a no facilitar la construcción del mismo y también a anular los beneficios fiscales aprobados por el Parlament en 2014 para las empresas que exploten la actividad. Algo presentado como un triunfo por la formación morada, aunque eso, en sí mismo, no tumba automáticamente el proyecto: éste sigue encallado en procesos administrativos y dependerá, en parte, de la voluntad de los promotores privados.

Lo que contempla el pacto es, concretamente, una modificación de la ley del Consorcio Intermunicipal de Vila-Seca y Salou –donde tiene previsto instalarse el complejo– para elevar los tipos impositivos del juego vinculados a los casinos y volver a la fiscalidad anterior, del 55% -ahora es un 10%-. «Se hace necesario, en el actual contexto económico y social, hacer una apuesta por el turismo responsable y sostenible y para la descarbonización de la industria en el Camp de Tarragona», dice exactamente el texto.

Este macrocomplejo hotelero y de salas de juego lleva lustros tratando de ejecutarse en la costa de Tarragona y fue la causa por la que el Govern tuvo que convocar elecciones, al no poder aprobar los presupuestos de 2023. Las discrepancias entre los entonces socios del Govern independentista hizo saltar por los aires el pacto, la ruptura se visibilizó con el no a las cuentas autonómicas y el paso siguiente fue la convocatoria de elecciones.

Tope a los cruceros

El pacto suscrito ahora entre el PSC de Illa  incorpora, aunque no con mucho detalle, algunas de las tesis radicales que abanderan los Comunes (Comuns): desde la turismofobia a limitar la afluencia de turistas a la capital catalana. Así, este acuerdo firmado entre Illa y Comuns recoge reducir los cruceros que hacen escala en Barcelona y que sólo pasan algunas horas en la ciudad. Y no se descarta suprimir alguna de las siete terminales con las que cuenta el Puerto de la ciudad.

Desde Comuns consideran que la cifra de viajeros de cruceros que llega a Barcelona «no es asumible por la ciudad» y busca pactar un nuevo convenio con el puerto. En concreto, 315.323 ha sido la cifra récord de cruceristas que pasaron por el puerto de Barcelona en el primer trimestre del año, un 8% más respecto al año anterior. De hecho, la cifra de estos turistas ha aumentado en un millón de personas y ha pasado de 2,6 a 3,6 millones en 2023.  Hay que recordar que el turismo representa casi un 20% del PIB de Barcelona, por lo que cualquier restricción a esta actividad tendría un impacto socioeconómico directo en la Ciudad Condal, tanto en términos de renta como de empleo.

Todo esto llevó incluso a que, el mes pasado, varios medios de comunicación extranjeros publicaran advertencias desaconsejando a sus ciudadanos a viajar a Barcelona. «No sois bienvenidos», advertía The New York Times a los estadounidenses, mientras que el británico The Times sitúa a la capital catalana en una lista de «los destinos turísticos más hostiles de Europa». La Asociación Internacional de Cruceros (CLIA) ya dijo hace unas semanas que la «turismofobia» redirigirá a los cruceros a otras ciudades más receptivas con ellos.

Políticas sexoafectivas

Otro punto caliente de este acuerdo es el de desarrollar «políticas educativas sexofectivas». Con ello, el Gobierno pretende poner en marcha un plan de educación afectivo-sexual para «ayudar a los centros educativos a potenciar y visibilizar la perspectiva de género, la coeducación y la educación afectivo sexual», tal y como ellos han definido.

Se trata de un programa que despierta muchas dudas y miedos después de que en el año 2022 la Generalitat ya pusiera en marcha un programa educativo llamado CoEduca’t, que contemplaba un taller dirigido a niños de entre 3 y 5 años que les enseñaba a masturbarse. Y otro taller dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que asesora a los estudiantes sobre cómo practicar sexo oral o masturbarse, y les indica si el aborto es legal y gratuito.

Hace un par de años, también el Ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona) puso en marcha unos talleres de travestismo para niños de entre 6 y 12 años para introducir la «flexibilidad de género». Y no es la primera vez que un taller de este tipo se impulsa desde ayuntamientos en manos de la izquierda en Cataluña. El mismo show llegó al mercado de las Flores de la Ciudad Condal bajo el planteamiento de «decidir el cuerpo que queremos construir y cómo podemos hacerlo en comunidad».

Poco se ha especificado sobre cuáles serán esas «políticas sexoafectivas» enmarcadas en el acuerdo entre Comuns y el PSC pero, a la vista de los antecedentes, todo apunta a que resultará controvertida su aplicación desde el Govern de Illa.