España
Ministerio del Interior

Guardias civiles denuncian al Gobierno ante la UE por imponer pruebas físicas a agentes con discapacidad

En los exámenes de ascenso se exige correr dos kilómetros, una prueba que no tiene relación con las funciones que realizarían

La denuncia sostiene que el régimen de ascensos vulnera la Directiva europea y la doctrina del TJUE

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea «por discriminación en los ascensos». Sostiene que las pruebas físicas que se imponen en los exámenes de acceso a las promociones de ascenso son discriminatorias hacia el personal con discapacidad, ya que «dependiendo de su patología, no pueden superarlas, pese a que podrían ejercer perfectamente las funciones de esos empleos».

Esta asociación, la decana, alerta a la Comisión Europea que las funciones que desempeñan los oficiales y suboficiales de la Guardia Civil, reguladas en la ley de personal de la Benemérita, son ejercer mando, dirección y coordinación operativa, por lo que «las pruebas físicas a las que obliga la Guardia Civil no son necesarias para seleccionar al personal, dado que no tienen relación con las funciones reales de los puestos de trabajo».

La denuncia advierte de que estas prácticas son contrarias a la Directiva 2000/78, que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y vulneran también la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-824/19) en cuanto a igualdad y no discriminación por razón de discapacidad.

Impugna la ley de Personal

En concreto, la AUGC impugna «la Ley de Personal y la orden ministerial que regula las pruebas físicas en la Guardia Civil». «Estas normas perjudican el derecho de promoción del personal con discapacidad, ya que les impide la posibilidad de promocionar tras sufrir una lesión en acto de servicio o fuera de él, algo inaceptable, dado que su aptitud para ejercer las funciones del nuevo puesto no se verá afectada por la limitación», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la asociación y artífice de la denuncia.

Según se desprende de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil (artículo 17), los oficiales ejercen mando, dirección y coordinación operativa; los suboficiales desarrollan funciones de mando intermedio y supervisión técnica; y los cabos y guardias ejecutan servicios operativos. Funciones que «exigen distintos niveles de responsabilidad, pero no necesariamente un desempeño físico intenso en todos los casos, especialmente en funciones técnicas o de gestión», recalca la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Además, señala que las convocatorias, como la publicada mediante resolución de 29 de abril de 2025, no recogen en las pruebas físicas adaptaciones específicas para personal con limitaciones funcionales.

En la convocatoria, la única diferencia para las pruebas físicas es la edad y el sexo, y se exige al interesado aportar un certificado médico en el que conste que se encuentra capacitado físicamente para la realización de las pruebas de aptitud física, consistentes en resistencia (carrera de 2.000 metros), «sin que ello suponga un riesgo para su salud».

Así, por ejemplo, un trabajador con una lesión irreversible en la rodilla que ha sido declarado por la Guardia Civil apto con limitaciones con motivo de dicha lesión, «no se podrá presentar a las pruebas a pesar de que, seguramente, existen mandos en la Guardia Civil ejerciendo su trabajo con la misma lesión», expone Nemiña.

Y no se podrá presentar, dado que la lesión le impedirá correr los dos kilómetros, pero, además, no podrá presentar un certificado médico como el requerido dado que correr 2.000 metros podría suponerle un daño en su rodilla.

Pruebas absurdas

La AUGC critica que se supedite el derecho de promoción «a unas pruebas físicas absurdas, totalmente innecesarias para ejercer las funciones del nuevo empleo». Por ello, exige que se eliminen estas barreras y se reconozca el derecho de todos los guardias civiles a ascender en igualdad de condiciones.

Con esta denuncia, la AUGC persigue que la Comisión Europea inicie los procedimientos necesarios para que España modifique su legislación y la adapte a la normativa comunitaria. Esta asociación defiende que la ley debe basarse en la capacidad real del agente para desempeñar las funciones del puesto al que aspira, y en eliminar las barreras de unas pruebas físicas que «sólo buscan excluir a este personal y no tienen justificación alguna en los cometidos que desarrollarán en su nuevo empleo».

«No tiene sentido, por ejemplo, someter al personal a una prueba de correr dos kilómetros cuando un oficial no realiza labores operativas cuando está al mando de una compañía y no precisará correr», recalca Eugenio Nemiña.

Cambio de destino por una lesión

Como ha revelado recientemente OKDIARIO, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también quiere cambiar de destino a los guardias civiles por una lesión aunque puedan trabajar. Planea una orden para que sólo pueda haber un guardia civil con una lesión por cada diez agentes, y en el caso de cabos y sargentos, uno por cada tres, lo que la AUGC califica como «un nuevo ataque a los derechos del personal con discapacidad».

Para Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, esta iniciativa que pretende Interior es «vergonzosa, una aberración, y más cuando parte de esos aptos con limitaciones están provocados por la propia administración».

«Tenemos un código de conducta que no permite a los guardias civiles discriminar por discapacidad, algo lógico, mientras que nuestro Gobierno lo hace constantemente con los miembros de la Guardia Civil», condena Nemiña, advirtiendo que la AUGC no parará «hasta acabar con esta tropelía y garantizar que los principios de igualdad, mérito y capacidad sean la única base para el desarrollo profesional».