El golpe de Sánchez e Iglesias les permitirá controlar al tribunal que destapó las cuentas de Podemos

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 20/10/2020 06:47
  • Actualizado: 20/10/2020 11:15

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está dispuesto a renovar sin consenso los órganos constitucionales que se encuentran bloqueados o requieren nuevos nombramientos. Además del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), también está en el punto de mira del Ejecutivo socialcomunista la composición del Tribunal de Cuentas, el órgano cuya Fiscalía adscrita destapó la presunta financiación ilegal de Podemos que ahora investiga un juez de Madrid.

Tal y como informó OKDIARIO la pasada semana de fuentes gubernamentales, el plan del Gobierno pasa por ir renovando los órganos pendientes al margen del PP en caso de que los ‘populares’ mantengan su negativa a que Podemos forme parte de las negociaciones, fundamentalmente por los constantes ataques de la formación de Pablo Iglesias a la Corona, al Poder Judicial y a la Constitución. «Uno detrás de otro», aseguran las fuentes citadas del Palacio de La Moncloa con el argumento de que las «Cortes son soberanas» para poner fin a los bloqueos.

En el caso del Tribunal de Cuentas, el Gobierno seguiría el mismo procedimiento que con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esto es, rebajar la mayoría parlamentaria de tres quintos que se requiere para su renovación a una mayoría absoluta que los socialcomunistas tendrían más fácil de conseguir con su llamada mayoría Frankenstein, la que conforman los dos partidos del Ejecutivo de coalición junto a los nacionalistas, separatistas y proetarras, los mismos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

El golpe aquí se produciría, por tanto, vía reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que establece en su artículo treinta que «los Consejeros de Cuentas serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional».

Esta institución debe ser renovada en el verano de 2021, si bien desde el año de 2018 está vacante la plaza de uno de sus 12 consejeros, Lluís Armet i Coma, que renunció al cargo. Con la actual ley orgánica del Tribunal de Cuentas, estos dos consejeros han de recabar el consenso de tres quintos del Congreso y el Senado. Sin embargo, PSOE y Podemos contemplan rebajar esta mayoría reforzada a una mayoría absoluta por medio de una reforma de dicha ley, lo que les permitiría tomar este tribunal.

El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, «sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos».

De igual modo, se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

«Fraude electoral»

En este contexto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreció el pasado agosto posibles delitos de «fraude electoral» y «falsedad en documento mercantil» en las cuentas de Podemos de las elecciones del 28 de abril de 2019, por lo que pidió abrir una investigación al respecto, que ahora se sigue en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. El Ministerio Público halló irregularidades en un contrato de 363.000 euros de Podemos con la consultora Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación morada.

Este órgano advirtió de que el encargo se firmó antes de que Neurona existiera en el Registro Mercantil de España. Además, apuntó que el objeto social «no coincide con las prestaciones contratadas» y recalcó que no fueron justificados los trabajos correspondientes a los 363.000 euros del contrato firmado entre Podemos y la consultora.

Según la investigación judicial, el dinero entregado a Neurona acabó en una extraña sociedad mexicana, Creative Advice Interactive Group, creada en agosto de 2015, sin experiencia alguna en servicios electorales, sin ningún tipo de logística y ubicada en una vivienda particular de una barriada de Guadalajara, en el estado de Jalisco (México). Esta empresa está además siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, un órgano similar a la UDEF española (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).