El gobierno vasco traspasa la barrera de los 100 terceros grados a presos etarras, denuncia la AVT

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 05/06/2025 13:22
  • Actualizado: 05/06/2025 13:22

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado este jueves que la sangría de terceros grados a etarras, paso previo a la libertad condicional, «no cesa». Según informa, el gobierno vasco concedió este miércoles tres nuevos terceros grados, «todos con delitos de sangre», traspasando ya la barrera de los 100. En concreto, 102 (84 presos y 18 repetidos tras revocación).

Los nuevos se han otorgado a Gregorio Escudero Balerdi, Ibai Arza Beovide y Unai Bilbao Solaetxe, «asesinos que muy pronto podrán compartir más tiempo con sus familias y amigos sin haber colaborado con la Justicia mientras las familias de sus víctimas vuelven a sufrir una nueva revictimización», ha criticado la asociación en un comunicado.

Unai Bilbao y Gregorio Escudero fueron dos de los asesinos de concejal del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) en Orio Juan Priede, viudo con tres hijos. Ocurrió el 21 de marzo de 2002, cuando alrededor de las 14:30 los terroristas irrumpieron en el bar donde se encontraba y le dispararon a quemarropa, alcanzándolo en la nuca y causándole la muerte instantánea.

Gregorio Escudero también fue condenado por el asesinato de José Ignacio
Iruretagoyena, concejal del Partido Popular (PP) en Zarautz, padre de dos hijos pequeños. La banda asesina le segó la vida el 9 de enero de 1998 con una bomba lapa instalada en su vehículo. Explotó mientras conducía, causando heridas mortales que le provocaron la muerte tras una hora y media
de agonía.

«¿Cómo alguien que ha disparado a quemarropa a otra persona puede
empezar a salir de la cárcel 10 años antes del final de su condena?», se pregunta la AVT, que sostiene que «para delitos tan graves, lo mínimo es exigir el cumplimiento íntegro de las condenas».

La asociación está ahora a la espera de que el fiscal Carlos García Berro informe si va a recurrir o no estos terceros grados. Afirma que concederlos «podrá ser legal, pero no es moral». «Matar no puede salir prácticamente gratis», subraya.

La AVT hace hincapié en que esta situación está provocando en las víctimas del terrorismo «un sentimiento de revictimización continuo». «No sólo por el tercer grado en sí. Es que ahora tenemos que soportar que nos hablen de derechos humanos y justicia en el Congreso de los Diputados de España los que hace muy poco decidían a punta de pistola en este país quién, según ellos, merecía morir», argumenta.

La AVT afirma que va a seguir luchando y alzando la voz «cuando y cuanto haga falta». Concluye el comunicado mandando un mensaje a las administraciones públicas: «Si siguen abriendo las puertas de las cárceles a los asesinos y cada vez nos recortan más las subvenciones para asistir a las víctimas y concienciar a la sociedad, vamos a volver a convertirnos, si es que no los somos ya, también en víctimas del sistema».

Según explica, actualmente hay 134 presos de ETA en cárceles españolas: 126 en en el País Vasco y ocho en Navarra. De ellos, sólo 44 se encuentran internos en prisión, el 32%. El resto tiene un tercer grado o cumplen su condena en su casa.