El Gobierno valenciano dedicará 4,4 millones a exhumar fosas comunes

La futura Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana incluye en su memoria económica 4,4 millones de euros para la exhumación de fosas comunes, de las que existen unas 300 en esta región, con un coste medio de exhumación de 15.000 euros por fosa.

Así lo ha manifestado hoy la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se ha aprobado este anteproyecto de ley que busca reparar los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista y restablecer su dignidad.

Bravo ha explicado que al coste de exhumación de las fosas, que se ha fijado a partir de la opinión de expertos, habría que sumar el coste de verificación y delimitación del total de las fosas -la tarea previa a la exhumación en sí-, que se cifra en unos 3.000 euros por cada una.

Además, la consellera ha adelantado que la norma prevé que la memoria democrática forme parte del currículum de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de la Formación Profesional, si bien el contenido de esa materia y el curso al partir del cual se implantará le corresponderá determinarlo a la Conselleria de Educación.

La norma se articula en torno a tres derechos (el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la memoria democrática valenciana), además del reconocimiento público y homenaje a las víctimas.

Además, establece un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor para proceder a la eliminación de elementos contrarios a los valores democráticos, y contempla instar al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad, al tiempo que prevé una de ámbito autonómico.

La ley, según la Generalitat, prevé la creación de un censo público de víctimas; la localización de desaparecidos, especialmente de niños y niñas durante la dictadura, y la denuncia a la autoridad judicial de la comisión de posibles delitos que se dedujeran de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.

La ley plantea promover medidas en el marco del Plan Estratégico de Memoria Democrática de la Comunitat, y declara como día de recuerdo y homenaje de las víctimas el 28 de marzo, en recuerdo del fallecimiento del poeta Miguel Hernández.

Recoge la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, y señala que se prevendrán y evitarán actos públicos que supongan un menoscabo de la dignidad de las víctimas u homenajes al franquismo.

Además, se procederá a la revisión e invalidación de todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista.