El Gobierno usa un bulo para esconderse del ‘sí es sí’: el Convenio de Estambul no ampara bajar penas

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 22/11/2022 06:45
  • Actualizado: 22/11/2022 06:45

El Convenio de Estambul -Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica- es la excusa más socorrida por el Gobierno para tratar de esconder el fiasco legislativo de la Ley del sólo sí es sí. A este acuerdo, que ha sido ratificado por 45 países, entre ellos España en 2014 y que aborda las propuestas en materia de violencia contra la mujer, se han remitido desde el Ejecutivo para justificar una de las medidas más polémicas, la unificación del delito de abuso sexual y agresión. El texto, sin embargo, no dice nada en ese sentido. El nuevo marco penológico de la norma promovida por Irene Montero rebajó además las penas mínimas y en algunos casos las máximas, lo que ha supuesto la revisión de condenas a delincuentes sexuales y su excarcelación. Tampoco esa reducción de penas se recoge en el tan mencionado Convenio de Estambul.

En realidad, ese convenio lo único que hace es una reclamación genérica a los países en lo relativo a la «violencia sexual, incluida la violación» (artículo 36). Así, se pide a los países que adopten «las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente la penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona; o el hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero». En definitiva, se destaca, «el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes».

A partir de esta mención, el ministerio de Irene Montero promovió todo un cambio legislativo, que derivó en la introducción del polémico «consentimiento» y en la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual. La nueva norma supuso además una reducción de las penas, como advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, con ello, el riesgo de «desprotección» de las víctimas.

Violencia contra la mujer

Nada de ello se decía, en cambio, en el Convenio de Estambul. En noviembre de 2020 se hizo público el primer informe de evaluación sobre la aplicación de este convenio, por parte del llamado Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio).

Fueron seis los «expertos independientes» encargados de realizar esta evaluación, que se inició en 2018 y durante la cual se llevó a cabo una visita a España, entre septiembre y octubre de 2019. En esa visita, los expertos, entre los que figuraba Javier Truchero, asesor del Ministerio de Justicia durante el Gobierno Rodríguez Zapatero y colaborador también de Juan Carlos Campo, se reunieron con los ministerios, distintas asociaciones y ONG y representantes autonómicos.

Cuando el Grevio presentó sus conclusiones finales, en noviembre de 2020, el Gobierno ya promovía su Ley del sólo sí es sí, con rebaja de penas. El grupo de «expertos» se limitó a valorar «positivamente» la «eliminación de los delitos actuales de violación y el delito de abuso sexual al objeto de reforzar el significado de violación como sexo sin consentimiento», aunque avisó también que «cuando las circunstancias del acto sean particularmente violentas, abusivas y traumatizantes» deberían «aplicarse circunstancias agravantes que garanticen una sanción acorde con la gravedad del acto». En definitiva, el Consejo de Europa no instó a una rebaja de las penas en la Ley del sólo sí es sí, que ha motivado ahora la revisión de las condenas.

La propia Irene Montero, como reveló OKDIARIO, ya admitió que su norma, que tuvo de coproponentes a tres ministerios socialistas: Justicia, Interior y Política Territorial, supondría una rebaja de las penas. Para la ministra de Igualdad, esa rebaja resultaba «necesaria».