El Gobierno de Sánchez se negó a dragar y limpiar en profundidad los ríos pese al riesgo de inundaciones

El Gobierno de Pedro Sánchez  se negó a dragar y limpiar en profundidad los cauces de ríos pese al evidente riesgo de inundaciones que son conocidos en múltiples zonas azotadas históricamente por las riadas. Desde que se constituyó el Ejecutivo socialcomunista, el criterio de las limpiezas «mínimas» se impuso alegando la prioridad del «respeto medioambiental» de la vegetación y la fauna de ríos que, si pierden su capacidad de desagüe, en caso de riadas por lluvias intensas se convierten en devastadores para la población, para la agricultura, para infraestructuras públicas y propiedades privadas. Ese particular criterio ecologista lo ha impuesto el Gobierno de Sánchez en todas las cuencas hidrográficas españolas y, específicamente, en la del Júcar, una zona devastada ahora por las inundaciones.

El 16 de marzo de 2023, el Gobierno lo certificó por escrito, según consta en un documento oficial recopilado por OKDIARIO y que lleva sello de registro de entrada en el Congreso el 17 de marzo. En ese documento, el Gobierno deja claro el criterio que impone para la limpieza de cauces con carácter general y especifícamente, también, en la peligrosa cuenca levantina del Júcar: «Un mínimo de intervención». Y eso, pese a que en la cuenca del Júcar desde hace años hay identificados, como mínimo, 1.000 kilómetros de cauces declarados Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

Con la vicepresidenta tercera Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica –del que dependen las confederaciones hidrográficas–, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados una respuesta a preguntas de la oposición sobre limpieza preventiva de cauces. En dicha contestación por escrito, el Ejecutivo de Sánchez lo dejaba claro: «El Programa de conservación de cauces, como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, es desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de las confederaciones hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos, a la vez que minimizar los riesgos de inundación respetando al máximo los valores medioambientales y naturales del dominio público hidráulico».

«Mínima intervención»

En dicha respuesta a preguntas de diputados del PP, el Gobierno subrayaba y presumía especialmente de ese criterio impuesto de «mínima intervención» y de «respetar al máximo los valores medioambientales y naturales del dominio público hidráulico». Y se presumía de ello, pese a que en esa misma contestación parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez se reconocía que hay identificadas, sólo en la cuenca levantina del Júcar, al menos 1.000 kilómetros de cauces de máximo riesgo de inundación. Y eso como mínimo, en una cuenca hidrográfica que abarca un total de 46.000 kilómetros de cauces sobre la que el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Transición Ecológica, tiene la responsabilidad de ejecutar un programa de conservación de cauces para prevenir inundaciones.

El dragado de ríos ha quedado censurado oficialmente. Y, sin esas limpiezas en profundidad, la «conservación preventiva» de cauces tiene una eficacia escasa de cara a prevenir inundaciones por lluvias torrenciales, pese a que al mismo tiempo el Gobierno, con su recurrente discurso del cambio climático, asegura que cada vez son más habituales los fenómenos extremos como las lluvias torrenciales. Tampoco está permitido evitar la vegetación excesiva que achica las márgenes de los ríos. Eso hace que los cauces con capacidad de desagüe menguante se desborden con más facilidad.

Ni dragados ni desbroces

El dragado para eliminar sedimentos y devolver a los ríos la capacidad de desagüe está totalmente censurada por el Gobierno. Lo certificó igualmente en esa respuesta parlamentaria y en otros documentos oficiales. En esa contestación firmada por el Ejecutivo de Sánchez el 16 de marzo de 2023 lo dejó claro de forma rotunda: «No pueden entenderse, por tanto, las actuaciones de conservación de cauces como obras intensivas de dragado o eliminación de la vegetación natural, dado que son manifiestamente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza recogidos en la legislación».

La limpieza de márgenes ha quedado reducida al mínimo y, por añadidura, el Gobierno ha venido descargando la responsabilidad en administraciones locales que, sin embargo, tienen las manos atadas a la hora de intervenir en los tramos urbanos de cauces, porque necesitan de la autorización de las confederaciones hidrográficas.

En los pueblos ribereños afectados por inundaciones, ese criterio estatal que ya viene de la etapa del Gobierno de Zapatero ha sido insistentemente contestado. Lo ha sido hasta el punto de que en Aragón se constituyó hace más de diez años, y sigue activa, una plataforma específica de damnificados por esa falta de limpiezas en profundidad que sufren en forma de daños por inundaciones cada vez más frecuentes. Asafre, la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro, lo denuncia desde hace más de una década.

Inversiones escasas

En el caso del Levante, devastado en estos momentos por las mortíferas inundaciones que han tenido lugar, el Gobierno de Sánchez es responsable de ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la cuenca hidrográfica del Júcar –los hay en otras cuencas hidrográficas peninsulares–. Sin embargo, el esfuerzo inversor es notoriamente escaso: el compromiso fijado por el Ejecutivo es destinar «algo más de 1 millón de euros al año para la totalidad de la demarcación» del Júcar. Es decir, poco más de un millón de euros para una cuenca hidrográfica que suma 46.000 kilómetros de cauces, de los que al menos 1.000 son de máximo riesgo de inundaciones.