El Gobierno recurre al TC la «seguridad social catalana»

El Consejo de Ministros presentará tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra tres leyes autonómicas catalanas, entre ellas la ley de hacienda y protección social, que pretendía ser el embrión de una hipotética seguridad social catalana tras la independencia.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, adelantó que las otras dos leyes impugnadas son la ley catalana de derecho a la vivienda, por afectar a las competencias del Estado, así como la ley de voluntades digitales.

En este último caso, el Estado solicitó una reunión previa de la comisión bilateral con la Generalitat para solventar el contencioso, a la que el Gobierno catalán no respondió, según explicó el ministro. Méndez de Vigo aclaró que cuando hay una discrepancia por la aplicación de una norma autonómica, existe ese trámite previo de consultas antes de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. «No hubo respuesta, y el Gobierno entiende que no hay voluntad de acuerdo», concluyó.

«Calma y responsabilidad»

Desde el Gobierno señalan que las órdenes de la jueza que instruye el caso del 1-O son «meridianamente claras» en cuanto a la apertura de centros para la votación y opinan que no es bueno «buscar tretas para darle una vuelta a la ley».

Con todo, Méndez de Vigo hizo un llamamiento «a la tranquilidad, la serenidad, el sentido común y a no cometer actos ilegales» y ha recalcado que es «muy importante evitar fracturas sociales». «Es el momento de tener cuidado con cosas que hacen unos y otros y que pueden llevarnos a situaciones no queridas», dijo confiando en que predomine el «seny» catalán.

El Ejecutivo seguirá actuando con «firmeza y serenidad», dentro del respeto a la ley, a pesar de no querer pronunciarse sobre si habrá declaración unilateral de independencia o no y tampoco se dijo si Carles Puigdemont seguirá como presidente catalán después del 1-O.

Según su criterio, eso es algo que tendrá que decidir el propio Puigdemont, a quien acusó de actuar con «deslealtad notable», teniendo en cuenta que es el máximo representante del Estado en Cataluña.

El ministro recalcó que, en cualquier caso, el Gobierno va a «defender la unidad constitucional de España» y los derechos de los ciudadanos y la democracia, frente a aquellos «que alientan plebiscitos y eluden los controles democráticos. También defenderá que «las ideas puedan expresarse libremente» dentro del pluralismo político.