El Gobierno reconoce que no hay registros de los violadores que han cambiado de sexo con la Ley Trans

El Gobierno ha reconocido que no cuenta con registros de los violadores que han cambiado de sexo, utilizando la Ley Trans que aprobó la ex ministra de Igualdad  Irene Montero, para tratar de eludir la ley de protección contra la violencia de género. De esta forma, el Ejecutivo no mantiene un control sobre los delitos sexuales cometidos antes del cambio de sexo, ni tampoco dispone del dato de cuántos tenían historiales clínicos psicológicos o habían cometido agresiones y delitos sexuales con anterioridad.

«En el Sistema Estadístico de Criminalidad no existen variables por las que preguntan en su iniciativa», ha manifestado el Ejecutivo de Sánchez, en una respuesta oficial por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La iniciativa a la que se refiere es una pregunta de Vox, que ha preguntado «qué cantidad de agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres han sido cometidas realmente por hombres biológicos en los últimos cinco años».

Además, el Gobierno tampoco ha podido aportar datos sobre si las personas que cambiaron de sexo utilizando la Ley Trans, tenían historiales clínicos psicológicos o habían cometido agresiones y delitos sexuales con anterioridad. El Ejecutivo de Sánchez ya reconoció anteriormente no disponer de un registro de los maltratadores, alegando que los distintos Registros Civiles no comunican información al Sistema VioGén, por lo que esta Administración Central no dispone del dato solicitado.

Igualdad incapaz de controlar el fraude

El Ministerio de Igualdad difundió recientemente el tríptico que se ofrece a las personas que acuden a registro con información relativa al cambio de sexo recogido en la Ley Trans. El organismo encabezado por la socialista Ana Redondo recoge en este folleto informativo que el único mecanismo que se ofrece para evitar que los maltratadores eludan sus condenas al cambiarse de sexo es «la buena fe» de las personas que en virtud de esta ley acuden al registro. Un mecanismo que, a la luz de los casos de violencia de género con personas que han modificado su sexo en los últimos meses, no parece ser muy efectivo.

El folleto informativo recoge que el cambio de sexo sólo será efectivo a partir de su inscripción en el Registro Civil. Una vez sea válido, la persona puede ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Sin embargo, este tríptico promulgado por el Ministerio de Igualdad también hace referencia a los fraudes que se cometen para burlar la ley. «Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Es importante recordar que quien actúe en fraude de ley para acceder a beneficios que no le corresponden, tendrá que responder ante la ley», apunta el organismo de Ana Redondo.

Así, en primera instancia, la única herramienta de la que dispone el ministerio de Ana Redondo para fiscalizar los cambios de sexo es confiar en «la buena fe» de las personas que acuden al registro. A pesar de ello, el propio folleto deja claro que la Ley Trans no permite eludir condenas en firme. «Si tiene una condena o cualquier otra situación jurídica relativa a la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, el cambio registral NO le permitirá eludir dicha condena», señala el tríptico.

Una información que fue difundida por el Ministerio de Ana Redondo tras conocerse la noticia  de que un ertzaina intentó agredir a su mujer y sus hijas con un cuchillo en San Sebastián.

Posteriormente, se conoció que había modificado su sexo el pasado mes de noviembre, conforme a la Ley Trans, no cambió su nombre tras registrarse como mujer. Mantuvo su nombre de hombre, pese a registrarse como mujer. En cuanto a un posible fraude de ley en el cambio de sexo, la Fiscalía no contempla presentar una demanda, que abriría un proceso civil independiente del caso penal. En tal escenario, para solicitar la nulidad, se deberían encontrar datos objetivos suficientes para demostrar que la finalidad en el cambio de sexo se dio con un fin ilícito.