España

El Gobierno propondrá a la UE cambiar el «ineficaz» sistema de euroórdenes tras la fuga de Puigdemont

El Gobierno quiere abrir en Europa un debate para una posible reforma de la euroorden, un mecanismo que, en fuentes gubernamentales, se ha demostrado «inoperativo» e «ineficaz».

La intención del Ejecutivo es trasladar esa reflexión en la próxima reunión del Consejo Europeo, los días 14 y 15 de diciembre.

El sistema europeo de detención y entrega es una solicitud por la cual una autoridad judicial de un país miembro de la Unión Europea reclama a otro que entregue a una persona para que sea juzgada o cumpla condena.

El mecanismo deja, en la práctica, la decisión sobre qué delitos debe ser juzgado en manos de la autoridad competente del país en el que esa persona esté ‘huido’.

La decisión, este martes, del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar las órdenes europeas e internacionales dictadas contra el expresident y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí responde, precisamente, a la inquietud de que el juez belga acabase rechazando extraditar a Puigdemont por rebelión, al ser un delito sin equivalente exacto en el código penal belga, uno de los requisitos de la eurooeden.

La justicia de Bélgica podría acabar así entregando a Puigdemont y los exconsejeros a España únicamente por los delitos de malversación o de desobediencia, pero no por el anterior, el que conllevaría las penas más elevadas.

En el Gobierno consideran, además, que el sistema no es lo suficientemente «ágil», a la vista de los procedimientos burocráticos, primero, para que el juez tome una decisión, y con posterioridad, por los sucesivos recursos que puede presentar el afectado. Antes de la decisión de Llarena, el juez belga tenía intención de pronunciarse sobre Puigdemont el próximo 14 de diciembre, casi un mes y medio después de que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, emitiese la correspondiente orden.

Según los plazos, si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta no tendría más inconveniente. Pero en caso de resistencia, les ampara la posibilidad de recurrir, lo que podría alargar el proceso hasta tres meses.

Pese a la crítica, en fuentes del Gobierno se destaca también que, este sistema, que entró en vigor en el año 2004, está «en constante renovación» y, en los últimos años, ha servido para reforzar la «cooperación policial y judicial» entre los Estados miembros.