El Gobierno pierde todos los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024

El cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento ha generado un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores. Fuentes especializadas consultadas por OKDIARIO alertan de que desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa no puede facilitar información anterior a esa fecha, lo que implica la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento.

La nueva adjudicación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación ha desencadenado un problema técnico que afecta directamente a la protección de las víctimas de violencia de género.

La raíz del problema radica en las dificultades para descargar y volcar la información del anterior proveedor de servicios. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior –que se encuentra cifrada– no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

Trabajadoras del propio centro Cometa han denunciado múltiples fallos técnicos que comprometen la seguridad de las víctimas, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas o días hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS.

Los dispositivos actuales, valorados en menos de 150 euros frente a los 1.500 euros de los anteriores, presentan, además, una calidad deficiente que permite a los maltratadores quitarse las pulseras y falsear su ubicación. La situación se agrava por la falta de personal en los equipos de campo y los errores constantes que provocan que las víctimas reciban avisos falsos de proximidad de sus agresores, generando revictimización.

El sistema gestiona actualmente cerca de 5.000 dispositivos activos para un universo de 100.000 casos de violencia de género en seguimiento activo, de los cuales 60.000 requieren protección policial. Fuentes oficiales explican que hay víctimas que han perdido juicios por informes incorrectos sobre posicionamientos y, a mayores, hay mujeres que prefieren apagar voluntariamente sus dispositivos ante los errores. Todo para, de nuevo, beneficiar a los agresores y aumentan el riesgo para las afectadas.

Migración fallida

La migración al nuevo sistema ha resultado defectuosa en términos de preservación de datos históricos. El propio Centro de Control Cometa viene trasladando a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior, en concreto, al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta situación ha creado un vacío probatorio de graves consecuencias. Durante los juicios, el representante legal del centro de control no puede responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener acceso a la información. Esta carencia puede abocar a sentencias absolutorias en casos donde la prueba de quebrantamiento dependa de datos anteriores a marzo de 2024. Los violadores se pueden ir así de rositas y acaban agraciados, de nuevo, por las chapuzas del ministerio en tiempos de Irene Montero.

La pérdida del elemento probatorio de la ubicación del investigado resulta imprescindible para formular acusación. Los tribunales se enfrentan así a un obstáculo técnico crucial que puede comprometer la efectividad del sistema judicial en casos de violencia de género. Los diferentes actores de la escena judicial muestran su malestar e indignación con esta situación.

Contrato millonario

El Ministerio de Igualdad adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por una gran teleoperadora y una empresa de seguridad un contrato de 42,6 millones de euros para la gestión del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos. La adjudicación incluye la provisión del servicio telemático en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como la gestión de 11.000 dispositivos.

El sistema debe permitir identificar en todo momento el lugar del territorio español en el que se encuentran las personas inculpadas o condenadas con respecto a las víctimas del delito. La pulsera utiliza una comunicación de corto alcance con el teléfono móvil, que reporta en tiempo real por posicionamiento GPS la distancia entre el agresor y la víctima.

Problema sin resolver

A fecha de hoy, el problema aún no ha sido resuelto y se duda mucho que pueda arreglarse. Ante la petición de una previsión de tiempo para solventarlo, la respuesta resulta preocupante: que el centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada.

Esta incertidumbre temporal agrava la situación, ya que cada día que pasa sin acceso a los datos históricos puede significar la pérdida irreversible de pruebas en procesos judiciales en curso y el riesgo para las víctimas. Están en juego la seguridad y los derechos de las víctimas de violencia de género.