El Gobierno no recurre la sentencia europea favorable a Otegi por lo que pasa a ser firme

El TEDH condenó en noviembre a España por no reconocer la parcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo contra el líder de EH Bildu al entender que aceptar su recusación en un caso contra Otegi y rechazarla en otro procedimiento contra él y otros cuatro miembros de la izquierda abertzale (Rafael Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez) vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Todos ellos están actualmente en libertad tras cumplir las penas de prisión a las que fueron condenados. Además, sobre Otegi pesa una inhabilitación hasta el 28 de febrero de 2021 para ejercer un cargo público, lo que le impidió ser candidato a lehendakari en las últimas elecciones autonómicas.

La Abogacía del Estado disponía de tres meses para presentar un recurso contra el fallo del TEDH ante la Gran Sala de la Corte Europea pero el plazo ha transcurrido sin que esto haya ocurrido de manera que la sentencia favorable a Otegi es ya definitiva, han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

La Abogacía del Estado ha decidido no presentar ningún recurso al estimar que las posibilidades de que fuera admitido eran «mínimas» y que, si esto ocurría, las opciones de que la Gran Sala le diera la razón eran aún menores. La Abogacía entendía que ese posible revés judicial podría dañar el prestigio de la justicia española, han explicado las mismas fuentes.

El diario Naiz.info publica además que las defensas de los líderes de la izquierda abertzale tienen previsto presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión con la intención de que se anule la sentencia del caso Bateragune dictada por la Audiencia Nacional en 2011. Consultada por Efe la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, ha rehusado comentar si finalmente recurrirá a esta fórmula.

Este recurso sería la segunda vía encaminada a poner fin a la inhabilitación de Otegi después de que el pasado diciembre el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso de amparo contra la citada inhabilitación, que la defensa del líder abertzale entendía que iba asociada a la pena principal a cárcel, cumplida en marzo de 2016, cuando salió en libertad.