El Gobierno más feminista abandona a la Policía que protege a las mujeres: «Un agente lleva 100 casos»

En el mismo día en el que el PSOE ha presentado el mapa de la vergüenza, en el que ha enumerado las «medidas de retroceso» del PP y de Vox en materia de igualdad, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha quejado al Gobierno socialista de que las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional carecen de medios para atender a las víctimas de violencia machista. «Se ven obligados a llevar más de un centenar de casos a la vez por falta de personal», lamenta el SUP a través de una carta enviada al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha presentado ese mapa de la vergüenza este lunes en Ferraz junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda ha justificado la importancia de esa lista para reflejar las medidas del PP y Vox que consideran contrarias a la política de igualdad del Ejecutivo: «El feminismo exige reivindicación y denuncia».

El PSOE se ha presentado como adalid de la igualdad. Sin embargo, con apenas unas horas de diferencia, los policías han puesto el grito en el cielo ante la falta de medios con los que realmente el Gobierno socialista dota a los agentes que luchan contra la violencia machista. Una carencia de recursos que se traduce en falta de protección a las víctimas.

Concretamente, los 1.800 agentes que velan por la seguridad de las víctimas de violencia contra la mujer se quejan de que no tienen suficientes compañeros ni medios para atender correctamente a las personas que son objeto de esta lacra.

Sin actualización desde 2008

«La cifra de efectivos lleva desde 2008 sin revisarse y actualizarse», se quejan desde el sindicato policial. La falta de medios humanos provoca que en algunas comisarías sólo haya dos agentes en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.

Todo ello implica la «eliminación de periodos de descanso, vacaciones, fin de semana» y en la alteración «por completo» de «los horarios de atención a las víctimas». Desde SUP se quejan de que se exceden «con creces» las horas estipuladas en la jornada laboral de los agentes.

La carencia de personal acaba impactando también en el resto de compañeros. Por ejemplo, desde SUP advierten que las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) tienen que asumir parte del trabajo que deberían estar haciendo los agentes encargados de la violencia contra la mujer.

Otro de los problemas que sufren los agentes de la UFAM es que muchos de ellos «carecen del curso específico» cuando entran a trabajar en las unidades de protección a la mujer. Y en caso de recibirlo, lo hacen «con años de retraso», según señalan desde el sindicato policial.

Hay una cifra que expone las vergüenzas del Ministerio de Interior: en ocasiones, algunos agentes «se ven obligados a llevar más de un centenar de casos a la vez por falta de personal». Por esa razón, los policías tienen que aumentar sus horas de trabajo y su dedicación para hacer frente a «la falta de previsión y de medios, tan necesarios para combatir la violencia de género, y poder evitar que las víctimas puedan sufrir aún más daño», señalan desde SUP.

Desde el sindicato destacan que esos agentes son «la primera línea en la lucha contra la violencia de género». Además, inciden en que, si no se invierte en mejorar las condiciones de esas unidades policiales, se pone en riesgo «el éxito de las iniciativas que existan o puedan existir para erradicar esta lacra».

«Días negros» en violencia machista

Sólo en la última semana de junio se vivió la muerte, en apenas 24 horas, de cuatro mujeres y dos niños menores de edad a manos de sus parejas o ex parejas, según el ministerio de Igualdad. La propia titular de la cartera tildó esa jornada de «día negro», además de «terrible y muy difícil».

A principios de este mes, en el Comité de Crisis sobre la violencia machista, al que también acudió Marlaska, Redondo señaló que se necesitaba «valorar dónde se producen los fallos de coordinación y dónde mejorar esa coordinación». «Hemos detectado un problema», reconoció la política socialista.

Ante esta situación, Loles López, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, autonomía donde tuvieron lugar al menos tres de estos crímenes de violencia machista, pidió una «revisión» del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Hay nuevos tipos de violencia y hay que adaptar el pacto a las nuevas realidades sociales», lamentaba López.