El Gobierno y la Abogacía del Estado tienen listo el recurso para inhabilitar a Otegi desde hace 15 días

El Gobierno acudió hace un par de semanas a la Abogacía del Estado para preparar un recurso contra la Junta Electoral vasca y presentarlo, en caso de que el organismo aceptara la candidatura a lehendakari del etarra Arnaldo Otegi. El pasado 12 de marzo, la dirección de EH Bildu propuso a Otegi como candidato y este martes lo ratificaron. OKDIARIO publicó en exclusiva que los abogados del dirigente abertzale estaban dispuestos a acudir al Constitucional para recurrir su inhabilitación, lo que puso en alerta a varios miembros del Gobierno. Desde hace semanas, varios ministros defendieron la incapacidad de Otegi para ser candidato y señalaron que no podría pasar por encima de la Ley. Fuentes judiciales recuerdan que Otegi “tiene expresamente prohibido por sentencia firme desempeñar cualquier cargo público hasta el 28 de febrero de 2021”.

Desde hace semanas y previendo el anuncio de su candidatura, el Gobierno sacó su ‘as de la manga’ y acudió a la abogacía del Estado. Ambos trabajaron en la elaboración de un recurso para recordar a la Junta Electoral vasca las condenas que pesan sobre el etarra y así tome las decisiones que considere. En caso de que se presente, ambos acordaron acudir por la vía administrativa para recordar al etarra los instrumentos legales que impiden declararle candidato y continuarían por la vía contecioso-administrativa. Todo estaba pensado. Por otra parte, la Abogacía del Estado también se puso en contacto con varias asociaciones de víctimas del terrorismo para preparar un argumentario y ayudar así al Ejecutivo. Pidieron incluir, entre las normas a desarrollar por este nuevo Gobierno, que no pueda haber ningún condenado por terrorismo que sea declarado candidato bajo ningún partido político legalizado. Norma que ya está contemplada en la legislación internacional.

La Fiscalía asegura que actuará de inmediato

El recurso no se ha llegado a presentar ante la espera de que se registrara la candidatura y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se les ha adelantado asegurando que actuarán de inmediato sobre este asunto. El órgano ya ha puesto en marcha la maquinaria judicial para que se cumpla la pena de inhabilitación que pesa sobre el etarra. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, anuncia que su departamento informará a la Junta Electoral de las condenas que pesan contra el candidato a lehendakari, para que ésta tome las oportunas decisiones. La Fiscalía recuerda que contra el exportavoz de Batasuna no sólo pesa una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público sino también otra de inhabilitación especial para el sufragio pasivo. En mayo de 2012, el Tribunal Supremo (TS) rebajó de diez a seis años y medio de cárcel la condena que le impuso la Audiencia Nacional por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune, pero mantuvo los diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (que le impide siquiera presentarse como candidato a unos comicios) y para el ejercicio de empleo o cargo público.

Los abogados de Otegi ya advirtieron a OKDIARIO que “eso de que está inhabilitado, ya lo veremos” y argumentaron que el fallo de la sentencia “está mal redactado” y no especifica para qué cargos queda inhabilitado. Tal y como destacaron se apoyaran en el ‘caso Casanova’ para recurrir su inhabilitación. Se trata de un caso que creó precedente por la Fiscalía General del Estado. El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, fue condenado por terrorismo y también recayó sobre él una inhabilitación especial, se supone que hasta 2016, que no se llegó a aplicar porque en la sentencia no se concretó para qué empleos y cargos públicos se le debían de aplicar.

El parlamentario tomó posesión de su escaño en el Parlamento vasco n 2014 como diputado de Bildu. Desde Sortu se reafirman que el caso es el mismo que el de Otegi y que tras cumplida su pena de prisión, el etarra ya ha saldado su deuda para con la Justicia. Desde la Audiencia tienen previsto instar al tribunal que le condenó a remitir a la Junta Electoral la resolución del pasado enero en la que la Sala ratificó que esas penas de inhabilitación están en vigor hasta febrero de 2021. Por su parte, y de ser admitido el recurso del Gobierno junto con la Abogacía del Estado o si solo se presenta el de la Fiscalía, la candidatura de Otegi quedaría suspendida hasta que haya sentencia en firme. Fuentes jurídicas advierten que el proceso podría dilatarse más de un año. De esta manera, Bildu tendrá que designar a otro candidato ya que se arriesgan que la lista esté suspendida cuando se celebren las elecciones.