El Gobierno amplía al pescado su guerra contra la carne con una ley de «pesca sostenible»

Alberto Garzón ha conseguido abrir una de las mayores crisis del Gobierno de Pedro Sánchez con su ataque a la carne. Y ahora, el mismo Gobierno, prepara el traslado de esa misma lucha al pescado. El objetivo es aplicar los criterios de la Agenda 2030 ecologista al sector pesquero con una ley de “pesca sostenible”. El Gobierno, además, lo considera prioritario y quiere que la norma se apruebe este mismo año.

Por lo visto, el Gobierno de Pedro Sánchez debe considerar que no se ha metido en suficientes líos con la carne, que ahora quiere abrir un flanco similar en el pescado. El Ejecutivo en pleno acaba de aprobar su Plan Anual Normativo para 2022. Y allí recoge, como uno de sus objetivos inmediatos, la aprobación de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Una norma cuyo anteproyecto inicial fue aprobado ya en junio del pasado año y que en las próximas semanas y en segunda vuelta volverá al Consejo de Ministros con vistas a «sustentar todos los elementos relativos a la pesca sostenible, como hoy en día se practica en la Unión Europea (UE) y en los buques de la UE en el mundo».

El Gobierno no oculta que quiere obligar a la pesca al “cumplimiento de reglas relativas al rendimiento máximo sostenible, lo que supone vincular la actividad pesquera con la conservación de los stocks  biológicos de las especies, la prohibición de los descartes de las capturas a bordo o la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. El impulsor de esta norma no es el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, sino el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del socialista Luis Planas.

Planas, de hecho, es uno de los que ha cargado contra Garzón por atacar al sector de la carne. Y es él quien impulsa la exigencia de los dogmas ecologistas a la pesca. El texto explicativo que ha elaborado el Gobierno señala el “objetivo” de la futura norma. Y deja claro que será una ley de restricción de la pesca para hacerla sostenible y evitar las explotaciones que alteran “un desarrollo económico equilibrado”.

El texto señala el siguiente objetivo: «Reforzar la pesca sostenible como una herramienta esencial que permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Gobernanza de los Océanos, así como la función social y económica de la pesca logrando un desarrollo económico equilibrado».

Además, la norma pretende “dar respuesta a los nuevos retos de la gestión pesquera”, todo ello, facilitando “la planificación empresarial en el sector, a la vez que se salvaguarda la sostenibilidad de la actividad pesquera”.
El anteproyecto, de hecho, señalaba ya el deseo de “introducir en el régimen jurídico variables relevantes, como la sostenibilidad de los recursos biológicos, el uso de la mejor y más reciente información científica o el enfoque ecosistémico, en consonancia con los acuerdos internacionales y los reglamentos europeos”, con el fin de incorporar “el principio de sostenibilidad de manera transversal”, abarcando “tres aspectos interrelacionados de la misma: la conservación de los recursos pesqueros, la cohesión social y el empleo en las zonas costeras, y la actividad económica”.

La clave es, por lo tanto, la Agenda 2030. Y ese proyecto, que respalda el Gobierno de Sánchez por completo, arroja más detalles de las nuevas limitaciones a la pesca que se pretenden imponer. La Agenda 2030 quiere “conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Porque “la humanidad tiene que ser capaz de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos”. Para ello, “se necesita reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, adoptar medidas para restaurar los ecosistemas marinos, minimizar los efectos de acidificación, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas”.

«Retos que amenazan nuestros océanos»

La Agenda destaca que “España participa de forma muy activa en iniciativas internacionales que persiguen reforzar y alinear esfuerzos en investigación e innovación para aportar soluciones a todos los retos que amenazan nuestros océanos, mares y costas” y que busca “incrementar el control de las actividades contaminantes de otras actividades económicas que se desarrollan en las costas y generar una entidad encargada de tomar medidas en relación a la acidificación de los océanos”.

Pero, en relación a la pesca, la Agenda no oculta sus planes: “La ampliación del conocimiento sobre el enfoque ecosistémico de la pesca y el apoyo a la pesca artesanal”. Es decir, trasladado a la pesca, los mismos planteamientos expuestos por Garzón para la carne. Todo ello, unido a “la creación de códigos de buenas prácticas que permita a los pescadores tener una visión a largo plazo” que fomente “la sostenibilidad de los ecosistemas”. Dicho de otra manera: limitaciones a la explotación pesquera. Porque, según sus argumentos, “los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas especies y están impidiendo los esfuerzos para salvar y restaurar la pesca mundial y los empleos asociados a esta […]”.

Por ello, plantean “de aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos” y “reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas”.