El Gobierno destina 2,1 millones a costear el sistema informático para la acogida de ilegales hasta 2028

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 15/09/2025 05:45
  • Actualizado: 15/09/2025 09:04

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2,1 millones de euros a costear el sistema informático que utiliza el Ministerio de Migraciones para la acogida de inmigrantes ilegales. Un desembolso previsto para pagar este servicio hasta el año 2028.

Así aparece recogido en un expediente de la cartera de Elma Saiz que lleva por título «Servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de los sistemas de información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante 24 meses prorrogables».

Este contrato, con un importe total de licitación de 6,5 millones de euros (impuestos incluidos), se divide en tres lotes. Es el segundo de ellos, el que contempla una asignación de 2,1 millones, el que incluye el mantenimiento del «sistema que da soporte al colectivo de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en la gestión y seguimiento de las plazas de acogida, actuaciones y beneficiarios».

Los pliegos del contrato especifican que en la actualidad existen tres modalidades de acogida humanitaria en España. La primera categoría se denomina Acogida en Centros de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED), que son «recursos permanentes que cuentan con un elevado número de plazas y en los que se lleva a cabo una primera atención de emergencia por un breve espacio de tiempo».

En segundo lugar, está la categoría de Acogida integral (AI), que constituye la modalidad básica de acogida en el sistema. Este tipo de acogida se realiza en «recursos de carácter permanente en los que se lleva a cabo una atención integral de los beneficiarios».

OKDIARIO ha publicado imágenes de irregulares siendo traslados en ferris comerciales desde Baleares a la Península. Como ocurre con los traídos desde Canarias en vuelos semiclandestinos, estos inmigrantes ilegales son luego repartidos por distintas comunidades por las ONG que colaboran con el Gobierno y alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras dependencias. También el Gobierno ha convertido instalaciones militares en centros de acogida. Es el caso del ubicado en el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid).

La tercera categoría que figura en el contrato es la Acogida de Emergencia (AE), que la conforman aquellos «recursos que se activan cuando no son suficientes ni las plazas de acogida ni los CAED, para hacer frente al volumen de llegadas». «La acogida se lleva a cabo en recursos provisionales para una primera atención de emergencia», recoge el Gobierno en este caso. Las tres modalidades de acogida mencionadas podrán funcionar «simultáneamente» según las necesidades, añade el Ejecutivo.

El expediente especifica que el desglose por anualidades para el segundo lote es de 612.584,28 euros (IVA incluido) para los últimos siete meses de 2026; 1.050.144,48 euros para todo el año 2027 y 437.560,20 euros para los primeros cinco meses de 2028. Las empresas candidatas tienen hasta el próximo 15 de octubre para presentar sus ofertas.

Contingencia migratoria

Entretanto, la llegada de inmigrantes ilegales a España se mantiene en niveles altos y crece sobre todo en las Islas Baleares. Esta comunidad superó el pasado lunes la barrera de los 5.000 inmigrantes llegados en patera a sus costas, y lo hizo dos meses antes que el año pasado. En concreto, el ejercicio 2024 cerró con 5.815 llegadas de este tipo.

Mientras Baleares registra este cifras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha denegado la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria en esta comunidad, como ya existe en Canarias, Ceuta y Melilla.

La resolución dictada por el Ministerio de Juventud e Infancia que el Govern de Marga Prohens tiene previsto recurrir, señala que el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados (menas) de las Islas Baleares, con 694 atendidos a fecha de 1 de septiembre de 2025, no alcanza el umbral legalmente establecido para activar este mecanismo. Dicha declaración exige triplicar la capacidad oficial de acogida fijada por el Ejecutivo central en 406 plazas el pasado agosto.

«Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad», denunció Prohens, acusando al Ejecutivo de Sánchez de «racismo institucional».

Por su parte, el vicepresidente primero del Govern balear, Antoni Costa, subrayó que la intención del gabinete de Prohens no es que Baleares pueda derivar a alguno de los 694 menores extranjeros que los consells insulares tiene actualmente tutelados, sino evitar recibir los de otras comunidades autónomas.