El Gobierno da el primer paso para regalar las «aguas territoriales catalanas» a los Mossos

«La república no existe», la célebre frase pronunciada por un mosso a un manifestante durante las protestas del procés, bien podría aplicarse a las aguas que bañan las costas catalanas. En nuestras leyes internas, y también en las internacionales, esas aguas son territoriales españolas, sí o sí, pero en el plan de ampliación de competencias policiales de los independentistas son “aguas territoriales catalanas”, un invento de Miquel Buch, ex conseller de Interior y ex jefe político de los Mossos, que poco a poco va tomando forma con la aquiescencia del Gobierno de España. En el BOE de este mes se ha escrito el último episodio de esta escalada.

En el año 2019, un dictamen de la Comisión Nacional de Policía Judicial dejó claro que la competencia en todo el territorio español de aguas interiores y exteriores era exclusividad de la Guardia Civil. Si lo hizo fue, entre otras cosas, para acotar las pretensiones competenciales de Cataluña y el País Vasco, las dos únicas comunidades autónomas con policía autonómica con capacidad y deseo de ampliar su radio de acción al mar.

La preocupación de las asociaciones de guardias civiles era que después de aspirar y conseguir las competencias sobre Tráfico lo siguiente pudiera ser la competencia en el mar. Aquel dictamen parecía dejar las cosas claras, pese a determinadas iniciativas, sobre todo en Cataluña, aparentemente más propagandísticas que otra cosa. De hecho, desde el propio seno de los Mossos d’Esquadra se asumió que si el cuerpo policial autonómico llegara a tener competencias marítimas éstas serían más administrativas que operativas.

1,5 millones en lanchas

Sin embargo, a principios de este año hubo un movimiento muy llamativo por parte de la Generalitat Catalana: el encargo de tres embarcaciones por valor de medio millón de euros cada una para ponerlas en marcha este mismo verano en las costas catalanas. Lo llamativo de esta situación es que ninguna parte del litoral catalán requiere de ese refuerzo de medios adquirido de forma unilateral por la Generalitat. En total, con las tres embarcaciones operativas serían cerca de 50 agentes de los Mossos los que entrarían a desarrollar su labor en un ámbito exclusivamente competencial de la Guardia Civil. Al menos hasta ahora.

El 10 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la disposición mediante la cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana daba luz verde a un acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. El convenio en cuestión consiste en “la formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas”.

Este último término es crucial para comprender el alcance de este anuncio en apariencia meramente formativo. El germen de esta futura policía marítima catalana fue la Policía Acuática, creada en 2008 para realizar tareas administrativas en ríos, embalses y canales del interior de Cataluña. De ese cuerpo es de donde salen parte de los agentes que formarán la futura policía marítima.

El problema que se atisba en el horizonte es el mismo que ha vivido en otras competencias en las que han tenido que convivir Mossos d’Esquadra con Policía Nacional o Guardia Civil. Pasó en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, pasó en el del Tráfico y el control de pasos fronterizos y se temen que pueda pasar en el mar. Tal y como está ideada la jurisdicción marítima, la comisión de delitos graves en el mar debe ser perseguida por la Benemérita. La acción de los Mossos se limitaría a perseguir infracciones administrativas como ausencia de permisos de navegación o controles de circulación de barcos.

La preocupación de los agentes de la Guardia Civil es que nadie les ha aclarado todavía el calado real de este proyecto policial. Cuando la formación publicada a través del convenio publicado en el BOE se culmine, los Mossos contarán con la misma operatividad en el mar que la Guardia Civil a falta de mejorar su flota y de que se le sean traspasadas las atribuciones de investigación que ahora no tienen. Los agentes de la Guardia Civil piden al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo aclare. Son cientos los guardias que se dedican a labores de vigilancia en el mar y cuyo cometido está cada día más en el aire con acuerdos como éste.

Ochocientos kilómetros de costa se antojan un pedazo de litoral demasiado goloso para que los políticos separatistas no intenten acceder a su control. Como dijo el propio ex conseller de Interior Miquel Buch, para los independentistas se trata de “aguas territoriales catalanas”, y con acuerdos como el publicado en el BOE no sólo no se rectifica un concepto inexistente, sino que se legitima poniendo en peligro la gestión de la Guardia Civil.