El Gobierno calcula una sangría de «14.700 millones» por las pensiones si el IPC sigue disparado

Pedro Sánchez anunció eufórico su compromiso de actualizar las pensiones con el IPC. Lo incluyó en su reforma de las prestaciones por jubilación mientras la inflación crecía hasta quedar en un 6,5% al cierre de 2021. El Gobierno creía que esa escalada de los precios sería pasajera. Y ahora se enfrenta a un 9,8% de incremento, según el dato de marzo. Y sus propios informes le han alertado ya del problema financiero al que se enfrenta. Un problema de 1.500 millones por punto de inflación. Es decir, de seguir así la escalada de los precios, un problema de hasta 14.700 millones de euros adicionales que deberá sacar de algún sitio.

Pedro Sánchez empieza a tener pesadillas con la etapa final vivida por el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El ex inquilino de La Moncloa se enfrentó a una escalada de los costes sociales y a un hundimiento de la actividad económica y de la capacidad de financiación por la crisis subprime. Y Sánchez empieza a ver cómo los distintos costes sociales regulados por él mismo se disparan con la inflación, mientras los sectores afectados amenazan con paros y huelgas o directamente las materializan.

Pedro Sánchez ha hecho distintas apuestas arriesgadas desde el punto de vista presupuestario. Una de las más serias ha sido la de la actualización de las pensiones con la inflación. Él mismo se dio cuenta de la magnitud de la montaña de gasto público que podía suponer y reguló en el texto un sistema de actualización, no con el dato de inflación de noviembre, sino con el de la inflación media. Pero esa trampa puede valer cuando las subidas de los precios son rápidas y su reconducción igualmente acelerada. Pero esa no parece ser la situación a la que se enfrenta España.

Un sistema energético con erradicación de la nuclear, con híper dependencia del gas, con apoyo masivo a energías incapaces de dar sostenibidad al sistema, con subidas fiscales masivas y con un esquema de incrementos en las cotizaciones que ha devastado -y lo sigue haciendo- parte de la competencia en todos los sectores, ha llevado a escaladas estructurales de los precios. Y cada punto de esa subida de la inflación, según informes internos del propio Gobierno, le costará a las arcas públicas 1.500 millones de euros.

Inflación disparada

El último dato de inflación, el de marzo, ha marcado un escalofriante 9,8%. El último de 2021 fue del 6,5%. Y los expertos no hablan de bajadas de precios a la vista. El Gobierno sabe, de ese modo, que, de mantenerse ese nivel de precios de casi un 10% de IPC el coste adicional puede irse hasta los 14.700 millones de euros. En caso de acabar con datos de inflación media del 6%, como indican distintos expertos, el sobrecoste será de 9.000 millones.

Una tesitura de susto o muerte. Y es que el Gobierno ya ha recibido el aviso del BCE de que, finalizado junio, debe despedirse de las compras masivas de bonos soberanos y de las inyecciones sin fin de liquidez en los bancos. Porque la ayuda mensual para toda Europa pasará a ser de 20.000 millones, más o menos la que ha llegado a recibir España para ella sola durante los meses de pandemia.

La subida descontrolada de la luz, de los carburantes y de los alimentos básicos como los cereales se han convertido en la tónica y siguen anticipando un severo impacto en el presupuesto familiar. Y no menos desdeñable es el efecto que tendrá el alza de los precios sobre el gasto en pensiones, indexadas a la inflación a partir de este año tras la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales.

Gasto creciente

Funcas también ha hecho sus cálculos: prevé que este año ascenderá un 6,2% el gasto en pensiones, hasta 154.000 millones de euros, desde los 145.000 millones que estima para 2021, un cómputo que descuadra de cabo a rabo las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según indicó el organismo a OKDIARIO, ese gasto será creciente y en 2023 alcanzará los 166.000 millones, es decir, un 14,4% más que el año pasado. Y aunque el incremento del déficit de la Seguridad Social está sujeto a lo que aumenten los ingresos por cotizaciones, y eso, a su vez, dependerá de lo que crezca la economía y el empleo, María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, calcula que en 2023 subiría en unos 5.000 millones. El déficit de la Seguridad Social cerró 2021 en unos 12.000 millones, el 1% del Producto Interior Bruto.

Funcas espera que la tasa de inflación media anual se sitúe en el 6,8% en 2022, frente al 4,6% de las previsiones anteriores, si la guerra en Ucrania y las tensiones energéticas perduran, lo que supone una piedra más en el camino de la sostenibilidad de las pensiones.