El Gobierno admite que sus pactos con ERC y Junts pueden «suponer un agravio» para el resto de España

El Gobierno de Pedro Sánchez admite ahora, tras haberlo negado de plano, que sus pactos con los independentistas catalanes pueden resultar discriminatorios para el resto de autonomías. En concreto, lo admite, como mínimo, en lo relativo a la condonación de deuda de Cataluña con el Estado puede «suponer un agravio» para el resto de autonomías. Es decir, justo lo que vienen denunciando PP y Vox desde que se hizo público el pacto de investidura entre el PSOE y los independentistas catalanes, que incluye el perdón de al menos 15.000 de los más de 74.000 millones de euros que el Estado le ha ido prestando a la Generalitat y no ha devuelto.

Moncloa ya no desmiente que ese pacto sea discriminatorio para el resto de autonomías. Lo evidencia en una reciente respuesta parlamentaria que ha remitido al Congreso. En ella, al tiempo que se niega a detallar cómo va a articularse esa cesión a la Generalitat independentista, afirma que hasta que no se concrete este mecanismo es «aventurado afirmar que esa asunción de deuda va a suponer un agravio para determinados territorios». Es decir, no negarlo supone admitir la posibilidad. Y en este caso no sólo no lo niega, sino que lo apunta como posible.

Esto añade un episodio más a la larga lista de pronunciamientos del Gobierno desmentidos por él mismo en cuestión de días o semanas y sobre los más diversos asuntos. En éste en concreto, la sucesión es demoledora. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dijo, primero, que en ningún caso perdonaría deudas que la Generalitat arrastra con el Estado. Poco después, a cambio de garantizarse otra investidura, se desdijo y pactó la condonación de, como mínimo, 15.000 de los 74.000 millones que Cataluña le debe al conjunto de España. Lo que poco antes había dicho que nunca haría pasaba a estar recogido, por escrito, en los pactos asumidos por el Gobierno a cambio de la investidura.

A continuación, ante la polémica que desató ese pacto entre el PSOE y el independentismo, Sánchez y su camarilla se dedicaron a pregonar, de palabra, que esa concesión a la Generalitat no es un trato discriminatorio para con el resto de autonomías. Pero el Gobierno ni siquiera se atreve a dejar por escrito que realmente no vaya a ser un agravio.

Oculta detalles clave

La respuesta parlamentaria fue firmada por el Gobierno y enviada al Congreso el pasado 15 de diciembre. Es decir, mes y medio después de que el PSOE y ERC anunciaran su pacto de investidura de Sánchez, en el que se incluye esa condonación de deuda.

Esta medida, por tanto, se estuvo negociando desde septiembre, como parte de los pactos asumidos por el Gobierno con los independentistas para garantizar la nueva investidura de Pedro Sánchez. Así que ese perdón de miles de millones de euros que Cataluña le debe al Estado era algo que el PSOE barajaba más de tres meses antes de que mandara esta reciente respuesta escrita al Congreso. Es decir, más de tres meses en los que, a la vista de lo que afirma en esta contestación parlamentaria, no ha sabido o querido definir cómo va a realizar esa condonación desde el Gobierno. Más de tres meses, por tanto, en los que tampoco ha acertado a concretar o no ha querido precisar los efectos políticos y económicos que va a tener para el resto de las autonomías y, por ende, para el conjunto de ciudadanos y empresas de España sobre los que recaen las cuentas del Estado y los efectos de la deuda pública que soporta, que tiene un coste directo para la economía.

Esta respuesta que el Gobierno de Sánchez ha mandado al Congreso contesta a preguntas planteadas por el PP. Los de Feijóo pidieron que el Ejecutivo se explicara por escrito sobre este asunto, pero no ha obtenido concreción alguna más allá de ese reconocimiento implícito –y en cierto modo explícito– de que condonar deuda a Cataluña puede ser un agravio para el resto de España.

«Articular su concepción»

En su respuesta parlamentaria [pincha aquí para leerla íntegra], Moncloa se limita a reproducir el texto del pacto PSOE-ERC en el que se recoge ese acuerdo de condonación de deuda, pero sin precisar su importe. Y, a continuación, en ese mismo escrito fechado el 15 de diciembre, el Gobierno afirma que, más de tres meses después de que empezara a negociar la condonación, y mes y medio después de haberla pactado y dada a conocer, hasta la fecha «únicamente se han definido las líneas básicas» de ese perdón de miles de millones de euros.

«Lo que procede a partir de ahora es articular su concepción», para lo que «se tendrán que desarrollar los trabajos técnicos necesarios para poder llegar a aplicar esta medida», indica Moncloa en esta respuesta parlamentaria relativa a los pactos del Gobierno con los independentistas catalanes.

La contestación que el Gobierno ha remitido al Congreso concluye afirmando que, «ante la falta de concreción actual de este mecanismo», «se considera aventurado afirmar que esa asunción de deuda va a suponer un agravio para determinados territorios». Es decir, no niega que, en efecto, acabe siendo un agravio para el resto de autonomías o para varias de ellas. Es decir, para el resto de españoles de cuyos gobiernos autonómicos depende la gestión económica y técnica de prestaciones de tanto calado como la sanidad, la educación y la protección social.