La Generalitat utilizará la ley del referéndum para eximir a los Mossos de cumplir la Constitución

El gobierno de Carles Puigdemont está determinado a controlar los Mossos para que tengan un papel decisivo en la recta final de órdago secesionista. Los nombramientos de dos independentistas feroces al frente de la consejería de Interior y de la dirección de la Policía autonómica no tienen otro objetivo que poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la lealtad de los Mossos al golpe institucional.

Sobre la mesa del presidente catalán y Oriol Junqueras está el documento “Los trabajadores públicos ante el referéndum. Informe sobre Mossos y Policías locales”, avalado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y redactado por el abogado Pere Grau y el coordinador de la Sectorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la ANC, Joan Anton Font.

Según este documento, “la secesión es una simple cuestión de hecho”, de ahí que asegurarse el control de los funcionarios, sobre todo de que los ejercen el monopolio de la fuerza, sea la prioridad absoluta.

La clave es el artículo 11 de la ley que regula la creación de los Mossos d’Esquadra. Según éste, son principios de su actuación el cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Estatut y la legislación vigente, la neutralidad política y la colaboración con la Administración de Justicia. La ley reconoce el carácter jerárquico del Cuerpo, pero explica expresamente que “en ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes».

El Govern estudia un documento que recomienda que la ley de referéndum establezca una modificación en la de los Mossos con la que haga “desaparecer” la supeditación a la Constitución del Cuerpo policial

El Govern baraja que la ley de referéndum establezca una modificación en la de los Mossos con la que haga “desaparecer” la supeditación a la Constitución y al Estatut del Cuerpo policial. Según el proyecto presentado hace unos días, el artículo 3.2 dice que la ley del referéndum “prevalece jerárquicamente sobre aquellas normas que puedan entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña”. Este artículo está concebido como escudo para que no se pueda actuar judicialmente contra los funcionarios que vulneren las leyes vigentes. Así, el artículo 3.3 reza: “Todas las autoridades, personas físicas y jurídicas que participen, ya sea directamente, ya sea indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum quedan amparadas por esta ley que desarrolla el ejercicio del derecho a la autodeterminación que forma parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Referencias explícitas a los Mossos

Aunque algunos independentistas piensan que estos artículos ya dan cobertura legal a los Mossos para actuar a las órdenes del Govern, en tanto que funcionarios públicos, los equipos de Puigdemont y Junqueras, según la recomendación del informe citado, barajan la alternativa de que la ley del referéndum establezca una modificación en la de los Mossos con la que se haga “desaparecer” la supeditación a la Constitución y al Estatut del Cuerpo policial.

Asimismo, el informe aconseja que la ley del referéndum “debería prever expresamente, con referencias explícitas a los Mossos”, que cualquier orden destinada a impedir la celebración del referéndum no es aplicable en Cataluña.

Pese a todo, una cosa son las intenciones y otra, los hechos consumados. A día de hoy, el asunto de los Mossos está como el de las urnas o la propia ley del referéndum. La Generalitat amaga, pero no termina de dar. Porque una cosa es nombrar a unos cargos políticos independentistas, como son Forn y Soler, y otra muy distinta cambiar la ley para convertir en legal lo que hoy es ilegal. El Gobierno español analiza cada paso de la Generalitat, pero aguarda a tener algo tangible sobre lo que actuar para no incurrir en la provocación.