Las generales cortarán las comisiones de investigación que acorralan a Sánchez por su tesis y a Narbona por Acuamed

A Pedro Sánchez le beneficia el adelanto electoral. La comisión sobre su tesis ya estaba en marcha y los comparecientes solicitados por el PP. Así pues, el presidente del Gobierno se puede librar de tener que declarar sobre el plagio de sus tesis doctoral.

El propio Pedro Sánchez, el coautor de su libro, Carlos Ocaña, y el ex ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, como avanzó OKDIARIO, tendrán que comparecer en el Senado, entre otros, por el plagio del jefe del Ejecutivo en su tesis doctoral. Los tres aparecen en el listado de 40 comparecientes que ha registrado el PP, al que ha accedido este medio, en la comisión de investigación sobre el ‘Tesisgate’. Y todos ellos estaban obligados por ley a comparecer en el Senado y a decir la verdad. La comisión, como mínimo, duraría un año. Un año que ahora no dará comienzo por el adelanto electoral.

El actual presidente del Gobierno fusiló documentos internos del Ministerio de Industria en su tesis plasmándolos como si fueran aportaciones suyas a la investigación universitaria, cuando en realidad no lo eran. Pese a ello, obtuvo la calificación “apto cum laude” (máxima nota) de un tribunal en noviembre de 2012. El PP había solicitado ya a la Comisión que se reclamasen al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “los dosieres internos y documentos elaborados por Carlos Ocaña durante su tiempo” en el mismo (fue director general de mayo de 2008 diciembre de 2011) y en la OEP (mayo de 2004-abril de 2008).

Los miembros del tribunal de tesis (Cristina Ruza Paz-Curbera, Santiago Pérez Pérez-Camarero, Ricardo José Rejas Muslera, Alejandro Blanco Fernández y Juan Padilla Fernández-Vega) también tienen que desfilar por la Comisión del ‘Tesisgate’. Pero todo ello queda ahora en entredicho porque la fecha de adelanto electoral corta el despegue de la actividad investigadora del Senado.

Financiación ilegal: Acuamed

La otra comisión que sufrirá las consecuencias de la disolución anticipada de las Cámaras, será la de financiación ilegal, donde la ex ministra socialista de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tenía que volver a declarar.

Narbona era la ministra de Medio Ambiente durante los meses previos a la campaña electoral que permitió revalidar el mandato al presidente Rodríguez Zapatero. Acuamed era la sociedad pública dependiente de ella que gestiona las desoladoras. Y la Audiencia Nacional investiga el destino de 13,96 millones de euros de las cuentas de Acuamed a campañas políticas en favor del PSOE como mecánica de financiación ilegal del partido. Narbona, además, exigió que otros 7,5 millones de euros fuesen exigidos a las empresas concesionarias de las desatadoras con idéntico fin.

Esta comisión de investigación lleva tiempo abierta. El suficiente como para que la presidenta de los socialistas se haya metido en un lío adicional. Y es que ahora tenía que dar explicaciones por haber mentido en sus primeras declaraciones ante el Senado. Narbona tiene la obligación de decir la verdad en la Comisión de Investigación por la financiación ilegal del PSOE. Pero no lo hizo cuando le preguntaron en una primera ocasión por los contratos cerrados en Acuamed. Y mentir en este tipo de trámites implica penas, incluso, de prisión.

El Código Penal es muy claro al respecto y señala en su artículo 502.3 lo siguiente: “El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a 12 meses“. Y en el pasado mes de junio Cristina Narbona aseguró que el gasto en publicidad lo hizo con el respaldo del interventor y no es verdad, como ya han demostrado los informes publicados por OKDIARIO. Esta comisión también se corta con la disolución de las Cámaras por el adelanto electoral.