España
Fiscal General del Estado

García Ortiz se atrinchera con los fiscales afines: «Es el Supremo quien debe probar mi culpabilidad»

Los cuatro fiscales del 'procés' han encabezado la oposición al fiscal general en la Junta de Fiscales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido agarrarse al sillón tras la reunión de la cúpula fiscal tras su imputación por el Tribunal Supremo en relación con la presunta revelación de secretos que le atribuye el novio de Isabel Díaz Ayuso. «Es el Supremo quien debe probar mi culpabilidad», ha defendido el fiscal nombrado por Pedro Sánchez.

Ocho fiscales, incluidos los involucrados en el caso procés (Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal), han solicitado su dimisión de manera explícita. También se han posicionado contra García Ortiz los fiscales del Supremo Antonio Narváez y José Miguel de la Rosa; uno de los fiscales jefe de las secciones de lo Penal del Supremo José Javier Huete; y la fiscal de Sala de criminalidad informática Elvira Tejada. Así, tras más de dos horas y media de deliberaciones, la mayoría de los 31 miembros presentes en la Junta de Fiscales de Sala –muchos de ellos nombrados por el máximo dirigente del Ministerio Público– han apoyado a García Ortiz.

García Ortiz ha sido el primero en intervenir, defendiendo durante unos 15 minutos su continuidad en el cargo, insistiendo en que no cometió ningún delito y aclarando que la nota de prensa que publicó fue para desmentir lo que consideraba un «bulo» y no para filtrar correos electrónicos. Tras su intervención, fiscales como la ex fiscal general María José Segarra, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y el fiscal del Tribunal Constitucional Pablo Crespo le han trasladado su respaldo. Cuatro fiscales no pudieron asistir por compromisos previos, y se decidió que no podían participar telemáticamente.

El primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia ha escuchado a la cúpula fiscal con un gesto serio. La Junta de Fiscales de Sala, que suele tratar cuestiones más técnicas, no se ha convocado a modo de plebiscito ni para lograr apoyos puesto que no se ha planteado en ningún momento una votación al uso, al contrario, es «meramente explicativa o informativa», según informan fuentes fiscales.

Reunión por la tarde

Por la tarde, García Ortiz trasladará su decisión al Consejo Fiscal, donde se anticipa una reunión mucho más tensa. En dicho órgano están los representantes de toda la carrera fiscal elegidos por votación. Se espera que la mayoría de los miembros del Consejo, incluyendo los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en el cuerpo– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se opongan a su continuidad, argumentando que la imputación perjudica a la institución y que lo más adecuado sería su dimisión.

En este sentido, ven evidente el «daño» que hace a la institución que haya un imputado a los mandos. «Está claro que la depuración es la dimisión inmediata», remarcan. En ese órgano hay 6 vocales de la AF, 2 de la UPF –que sí respalda a su antiguo compañero de asociación– y uno de la APIF, más las dos vocales natas –la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite, ambas de la cuerda de García Ortiz–.

Defensa

Por su parte García Ortiz sostiene que ni él ni su equipo filtraron los correos electrónicos de la pareja de la presidenta madrileña. Insiste en que la nota de prensa publicada por la Fiscalía tenía como único objetivo desmentir un «bulo» previamente difundido en medios de comunicación.

«El propósito de esa nota de prensa era aclarar una información falsa. No tiene sentido emitir una nota de prensa y, al mismo tiempo, filtrar correos», reiteró en una entrevista en TVE, recogida por EP. «Volvería a hacer esa nota de prensa», si bien, reconoce que la repercusión fue «indeseable» en relación con sus intenciones. «No la haría de la misma manera, pero en las mismas circunstancias, la repetiría, porque era necesaria para aclarar una información falsa que involucraba a la Fiscalía», explica.

El fiscal general también detalla que desconocía la existencia de esos correos hasta que un medio de comunicación los mencionó. «En el proceso de solicitar y recibir los correos, muchas personas dentro de la Fiscalía pudieron haber tenido acceso a ellos», comenta.

Además, abogó por investigar todas las filtraciones, que calificó de «indeseables» y comparó con un «cáncer que impide el normal funcionamiento de la justicia», aunque lamentó que no todas las filtraciones sean investigadas.

Consultado sobre si su permanencia perjudica o beneficia a la imagen de la Fiscalía, García Ortiz mantiene que su mirada está puesta «a medio y largo plazo», pensando en lo que será mejor para la institución. Agregó que la Fiscalía debe ser fuerte y capaz de resistir cualquier ataque: «No podemos permitir que se transmita la idea de que el fiscal general del Estado puede ser derribado por una pequeña corriente, solo un tsunami podría hacerlo».

En cuanto a la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pidiera que dimitiera, evita especular, afirmando que no le gusta «hacer política ficción» y que cada decisión debe tomarse tras considerar cuidadosamente las circunstancias. También responde a las demandas de dimisión por parte de algunas asociaciones de fiscales, recordando que no es la primera vez que se solicita su cese, y que esta es una decisión que «no tiene vuelta atrás» y debe ser bien pensada.

Por otro lado, García Ortiz señala que ocupar un cargo designado por un Gobierno nacido de las urnas implica soportar «persecuciones». Sin embargo, subraya que su función debe ser «objetiva» para salvaguardar la integridad de las instituciones.

Dice que los fiscales manejan información muy sensible y agrega que, aunque tiene acceso a suficiente material para perjudicar a ciertos sectores políticos, jamás lo utilizaría para filtrar información o insinuar algo. «La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. No puede responder a los ataques políticos», concluye. A pesar de no sentirse judicialmente indefenso, cree que carece de los «resortes adecuados» para responder a todas las insinuaciones en su contra.