Funcionarios catalanes se rebelan contra el 155 y reconocen a Junqueras como legítimo vicepresidente

Funcionarios catalanes se rebelan contra el 155 y reconocen a Junqueras como legítimo vicepresidente
Carta dirigida a Junqueras

Supuestos funcionarios del departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña han constituido algo similar a una asamblea de trabajadores y trabajadoras «en defensa de las instituciones catalanas», dónde reconocen como legítimo vicepresidente a Oriol Junqueras.

Su forma de hacerse escuchar ha sido mandar una carta al centro penitenciario donde esta recluido el exvicepresidente del Govern, acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación. En esta carta estos trabajadores expresan el descontento por su encarcelación y destitución en el Govern.

Estos trabajadores exponen que «no aceptamos ni aceptaremos el descarnado ataque contra nuestro gobierno». Además, denuncian de la intervención del Estado en instituciones catalanes.

Según fuentes sindicales consultadas por OKDIARIO, cuando se constituye una asociación de estas características debe de quedar constancia con de los nombres y apellidos de los miembros que lo conforman y acudir al registro civil para crearla legalmente. Las mismas fuentes manifiestan no tener conocimiento alguno de esta organización.

Pese al apoyo público a Oriol Junqueras, estos trabajadores dicen que se mantendrán neutrales en las elecciones del 21-D. Su gesto, aseguran, solo pretenden ser una forma de «lealtad» y «sincero calor y acompañamiento».

El cumplimiento del 155 implica acatar el «E.8. Potestad disciplinaria y traslado del tanto de culpa al ministerio fiscal», que dice: «El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación».

En caso de que no se acate este artículo «se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal».

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