Los funcionarios avisan de que se movilizarán ante los “eventuales” recortes que planea Pedro Sánchez

La crisis de la energía y la invasión de Ucrania han terminado de descontrolar las cuentas del Estado. Pedro Sánchez prepara ya una evaluación de la eficacia de las políticas públicas para ver dónde se pueden hacer recortes, como ha publicado OKDIARIO, y el gran sindicato de los funcionarios, CSIF, advierte de que convocará movilizaciones si estas medidas pretender volver a reducir el poder adquisitivo o las plantillas de empleados públicos.

El sindicato de funcionarios ha reclamado ya una reunión urgente al Gobierno para abordar la repercusión de la crisis en las Administraciones Públicas. No se fía y conoce la evolución de las cuentas públicas. CSIF reclama al Gobierno y comunidades autónomas un plan de viabilidad y refuerzo de ámbitos esenciales como “la sanidad, educación, servicios sociales, Administración del Estado, Justicia, entre otros.

CSIF teme que la propuesta del pacto de rentas y el nuevo ahogo financiero del Estado puede llevar a una nueva era de recortes como la vivida ya a partir de 2010 bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. CSIF recuerda que los empleados públicos “ya han perdido más de un 12 por ciento desde 2010” por lo que reclama “un acuerdo para compensar la pérdida a medio plazo”. Eso sí, el gran sindicato de la función pública alerta ya de que convocará movilizaciones “si las medidas económicas dañan a los empleados públicos y a los servicios que reciben los ciudadanos”.

Reunión con la ministra de Hacienda

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado. Y ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para reclamar una reunión urgente donde se aborden las consecuencias de la crisis por la invasión de Ucrania con respecto a las administraciones públicas.

Desde CSIF manifiestan su “preocupación por la crisis energética, la escalada de los precios, la situación económica española y el empobrecimiento de las personas trabajadoras”. Por ello consideran que “se debe planificar una respuesta para proteger a las administraciones públicas y para que los ciudadanos y empleados públicos no salgan perjudicados de esta situación ante eventuales recortes”.

CSIF iniciará la próxima semana una ronda de contactos con formaciones políticas para promover un acuerdo que blinde a las administraciones y los servicios públicos ante las “medidas económicas que previsiblemente se van a adoptar”.

Y es que hay que recordar que la actual situación empieza a no ser tan distinta de la que vivió José Luis Rodríguez Zapatero cuando tuvo que enfrentarse a la exigencia de Europa de recortes en 2010. Pedro Sánchez se enfrenta a una deuda del 122% del PIB y, a menos de un año de la reactivación de los controles de déficit de Bruselas, ha solicitado a su partido que lleve al Congreso la exigencia de una «evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado», como ha . Pide que se emita un juicio de valor sobre esos gastos para evaluar si hay motivos para que sean eliminados. Y es que, por mucho que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en negarlo, los equipos económicos trabajan ya en una evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado. Un análisis que sólo puede tener una explicación: buscar la justificación para empezar a recortar gasto.

Los socialistas no disimulan demasiado en el texto que ya está en el Congreso. Hablan de “mejorar la eficacia y transparencia” de esas políticas y, por lo tanto, de sus partidas de gasto público; afirman que ello “redundará en una mayor confianza de la ciudadanía hacia quienes tienen la obligación de gestionar el dinero de todos”; y llegan a mencionar que todo debe hacerse partiendo de los “criterios de necesidad y eficiencia”. Es decir, que se abre la puerta a eventuales recortes.