Los Franco seguirán dando la batalla: recurso al Constitucional con solicitud de cautelares
La Sala Tercera ha rechazado unánime e íntegramente el recurso planteado por la familia. El resto de demandantes: Abadía Benedictina, Fundación Franco y Asociación para la Defensa del Valle seguirán la estela judicial de los nietos del dictador y plantearán amparo ante el Tribunal de Garantías.
Los Franco anuncian que seguirán dando la batalla contra la exhumación del dictador y agotando instancias judiciales. Recurrirán ante el Constitucional la autorización del Supremo, que se ha conocido este martes, y permitirá la salida de los restos del Valle de los Caídos con destino al cementerio de El Pardo.
También solicitarán al Tribunal de Garantías que adopte medidas cautelarísimas para impedir que el Gobierno pueda hacer efectiva la salida de Franco, de la que ha sido su tumba durante los últimos 40 años, antes de que el Constitucional se pronuncie sobre la admisión a trámite del nuevo recurso que avanza la familia.
Especialmente, ahora que el Ejecutivo socialista en funciones confirma que está en disposición de cumplir su promesa estrella, antes de la repetición electoral del próximo 10-N.
Luis Felipe Utrera, abogado de los Franco, ha confirmado a OKDIARIO, que tratarán de que el órgano judicial suspenda provisionalmente la sentencia firme del Supremo y evitar, de este modo, cualquier tipo de actuación irreversible sobre el nicho ubicado en la Basílica de Cuelgamuros.
Para ello disponen de un plazo legal de 30 días desde que el Alto Tribunal les notifique formal y oficialmente, a través de su procurador, el texto completo de la decisión de los cinco magistrados, donde se detallarán los hechos probados y los argumentos jurídicos asignados a cada uno de ellos.
Tras hacerse público el sentido del fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que da validez al Real Decreto ministerial, posteriormente ratificado en sede parlamentaria, para modificar la Ley de Memoria Histórica en el sentido de instar la salida de Franco de la que ha sido su tumba durante los últimos 40 años.
La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Pablo Lucas, se notificará a las partes en los próximos días, plazo que esperarán los nietos del dictador para estudiar el contenido detallado de la misma y preparar su escrito de amparo.
Vulneración de derechos
El lugar donde reposará el dictador, una vez abandone el Valle de los Caídos, ha sido la cuestión que suscitó un debate jurídico más complejo en el Alto Tribunal. Los magistrados han mantenido vivas, hasta la deliberación de este martes, discrepancias muy importantes sobre el conflicto de intereses presente en la inhumación.
Si reconocer a la familia en exclusiva su derecho a designar un enterramiento alternativo el actual y revocado, en el Valle de los Caídos, o priorizar el interés general para evitar actos de exaltación de la figura de Franco -algo que el Gobierno aseguraba que sucedería en la catedral de La Almudena, lugar elegido por la familia desde el comienzo del procedimiento administrativo- ha mantenido dividida a la Sala
El recurso de amparo es una de las competencias fundamentales que tiene conferidas el Tribunal Constitucional. Se trata de un proceso judicial que busca garantizar a los ciudadanos su protección frente a eventuales vulneraciones de sus derechos y libertades -tal y como reconocen los artículos 14 a 29 y el 30.2 de la Constitución española- derivados de «disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes».
Los Franco utilizarán el recurso de amparo contra la decisión judicial del Supremo que consideran lesiva para ellos. Alegarán, en atención a lo recogido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se ha vulnerado, entre otros, su derecho a la intimidad.
Con ello, agotarán el trámite doméstico que exige el ordenamiento español para poder interponer una eventual y futura reclamación ante la jurisdicción europea.
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