La Fiscalía pide 2,5 años de cárcel para el socialista ‘Tito Berni’ por falsedad en documento oficial
El ex diputado del PSOE se enfrenta a un juicio de una pieza separada del 'caso Mediador'
El Ministerio Público le acusa de crear un contrato laboral falso para facilitar un contrato de residencia
La Fiscalía ha solicitado una condena de dos años y medio de prisión para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ex diputado nacional del PSOE conocido como Tito Berni, por presuntos delitos de falsificación de documentos oficiales y fraude contra la Seguridad Social. Esto surge de una investigación dentro de una parte separada del caso conocido como caso Mediador.
Según el escrito de acusación, la Fiscalía pide al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife que lleve a juicio a Fuentes Curbelo y otros tres implicados, a quienes también se les solicita la misma pena: Rachid Zankti, Domingo Fuentes Gutiérrez y María Jesús Rodríguez de Ver.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que se les prohíba votar durante el tiempo de la condena, junto con una multa de 3.000 euros. También solicita que los acusados compensen solidariamente al Servicio Público Estatal de Empleo con 2.184,27 euros, más los correspondientes intereses legales.
Según la acusación, Zankti contactó con el Tito Berni para obtener un contrato laboral ficticio que le permitiera cumplir con los requisitos legales para residir en España. El diputado Fuentes Curbelo, a su vez, pidió a su hijo Domingo que elaborara o encargara un contrato ficticio que cumpliera con los requisitos de Zankti. Este contrato fue luego entregado a Rodríguez de Ver para su ejecución.
Como resultado de este contrato ficticio, el 4 de enero de 2021, se emitió una autorización de residencia temporal y trabajo para Zankti. Además, Zankti recibió 2.184,27 euros en prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, gracias a los tres meses de cotización a la seguridad social que la Ganadería Tetir aportó en virtud del contrato ficticio, tal como publica Europa Press.
Varias investigaciones
La juez encargada del caso Mediador está investigando 170 cuentas bancarias, que contienen «más de 90.000 transacciones bancarias», relacionadas con la presunta trama de corrupción liderada por el exdiputado Tito Berni. Se le acusa de haber reclutado empresarios prometiéndoles favores políticos a cambio de dinero.
Esta información fue revelada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres. En este documento, la juez especifica que la cantidad mencionada no incluye las cuentas bancarias que forman parte de las piezas declaradas secretas dentro del procedimiento.
Por otra parte, se investiga en otra pieza separada al guardia civil retirado Francisco Espinosa, al que achaca haber aceptado dádivas –desde dinero a viajes– a cambio de usar sus contactos profesionales para favorecer a empresarios que querían introducirse en el mercado canario e incluso en el africano.
La magistrada ha detallado en sus autos que, a pesar de las numerosas diligencias realizadas y los informes presentados, aún queda pendiente analizar una gran cantidad de material y documentación por analizar. Así, considera justificada una prórroga de la investigación por seis meses más debido a la complejidad del caso y la cantidad de información por analizar.
Mulas financieras
La juez Lorenzo-Cáceres ha evidenciado el uso de «mulas financieras» por parte de la presunta trama. Tras ello, ha ordenado interrogar a nuevos sospechosos.
También se ha servido recientemente de informes presentados por el auxilio judicial, el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Dirección General de la Guardia Civil y el Grupo de Delitos Tecnológicos de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional.
Además de los datos bancarios de los investigados, la juez menciona que se emitieron mandamientos en febrero y marzo de este año a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, tramitados a través de la Dirección General de Ganadería de Santa Cruz de Tenerife.
También destaca que se ha recopilado una gran cantidad de datos en el marco de la investigación, aproximadamente 2,16 terabytes, de los dispositivos electrónicos de los principales sospechosos.
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