La Fiscalía denuncia que Torra excarcela a los golpistas sin el compromiso de no volver a delinquir

Ni es habitual ni es estético que presos condenados a penas tan elevadas puedan disfrutar de un régimen de semilibertad tan pronto cuando ni «aceptan» que cometieron un delito ni se han «comprometido» a no volver a hacerlo. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha defendido la posición de la Fiscalía en contra de que la Generalitat de Quim Torra esté concediendo permisos a los golpistas condenados por el Supremo, como si de un «tercer grado» encubierto se tratase. «No es frecuente» aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a quienes están en la cárcel con penas de hasta 13 años «en un plazo tan corto» de tiempo, ha argumentado el fiscal.

Especialmente polémica es la aplicación del artículo 100.2, que permite a los reclusos salir a trabajar o prestar labores de voluntariado durante unas horas al día entre semana, si se tiene en cuenta que alguno de ellos, como sucede con el propio Oriol Junqueras, no ha cumplido ni una cuarta parte del total de condena impuesta al republicano por el Tribunal Supremo tras el juicio del ‘procés’.

Bañeres ha criticado que flexibilizar la estancia en prisión de los líderes separatistas catalanes es una forma de eludir los cauces de oposición y recurso que tiene el Ministerio Público contra las decisiones de las Juntas de Tratamiento Penitenciario de las cárceles catalanas. Y ha manifestado que si se consideraba que los internos ya estaban en condiciones de ser puestos en libertad «lo más razonable habría sido un tercer grado».

«Si los internos efectivamente se considera que están para la vida en libertad, con aceptación del delito cometido y con compromiso o por lo menos pronóstico de no volverlo a realizar, en ese caso lo razonable hubiese sido la calificación en tercer grado, que para esto está en la ley de vigilancia penitenciaria», ha afirmado el representante del Ministerio Público en Cataluña.

Algo que, sin embargo, no ha sucedido hasta la fecha ya que el propio Oriol Junqueras, líder de ERC, ha insistido en numerosas entrevistas y declaraciones tras ser condenado a 13 años de cárcel por encabezar el ‘procés’ catalán, en otoño de 2017, en que lo volverían a hacer. «Nosotros persistiremos siempre», aseguró desde la prisión de Lledoners.

El Departamento de Justicia de la Generalitat, en manos de la republicana Ester Capella, miembro del partido de Junqueras, ha sido el encargado de respaldar la propuesta de permisos de las Juntas de Tratamiento Penitenciario de las cárceles catalanas para que los nueve presos separatistas fuesen clasificados en segundo grado y no en tercero.

Y es que de haberse producido la decisión del tercer grado, en el que los internos sólo acuden a la cárcel para dormir, la Generalitat habría abierto la puerta a la Fiscalía para que presentase un recurso en contra de la medida ante el Tribunal Supremo. Es decir, ante el tribunal que los condenó y que queda fuera del alcance de las competencias del Govern de Cataluña y, por tanto, del control y discrecionalidad que el Ejecutivo catalán tendría sobre los líderes separatistas encarcelados por sedición y malversación.

Visitas constantes

El informe anual de la Fiscalía catalana, que Bañeres presentó este miércoles en el Parlament, ha desvelado también que los nueve golpistas internos en cárceles catalanes dependientes de la Generalitat, recibieron la visita de más de 2.300 autoridades mientras se encontraban en situación de prisión provisional. Una cifra que, a juicio del fiscal superior de Cataluña «puede alterar el régimen de la cárcel» y su normal y ordinaria dinámica de tratamiento penitenciario.

«Es llamativo, 2.300 visitas en pocos meses. Ciertamente, esta circunstancia puede alterar el régimen de la prisión, con tantas visitas», subrayó Bañeres.